Salud pública: resistir no puede ser la estrategia

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El reciente Decreto N°333 del Ministerio de Hacienda, que modifica recursos destinados al sector salud, vuelve a poner sobre la mesa una discusión latente en la red asistencial: ¿Cuánto más puede seguir sosteniéndose un sistema público cada vez más exigido con recursos que parecen no crecer al ritmo de las necesidades sanitarias del país?

Las cifras que se hablan no son menores. El ajuste anunciado bordea los 400 mil millones de pesos para el sector salud y alcanza áreas críticas del funcionamiento sanitario, desde el financiamiento hospitalario hasta recursos destinados a contingencias, prestaciones complejas y Atención Primaria.

La salud pública chilena viene enfrentando desde hace años un escenario de alta tensión. Hospitales que muchas veces llegan con dificultades al cierre presupuestario anual, equipos humanos sobrecargados, listas de espera persistentes y una demanda sanitaria que continúa creciendo y complejizándose. Por eso, esta discusión no debiera interpretarse desde trincheras políticas ni exclusivamente desde la lógica de quién gobierna. La fragilidad financiera de la red pública no comenzó hoy, y quienes trabajamos en el sistema sabemos que esta preocupación se arrastra desde hace bastante tiempo.

Sin embargo, este ajuste ocurre en un momento especialmente delicado. Chile continúa enfrentando importantes retrasos en atención de especialidad, presión sobre la red hospitalaria y una necesidad cada vez mayor de fortalecer la Atención Primaria como principal puerta de entrada al sistema de salud. Todo esto mientras el país mantiene una Alerta Oncológica que exige diagnósticos más oportunos, tratamientos más rápidos y una red asistencial con mayor capacidad de respuesta. Esa expectativa sanitaria legítima parece entrar en tensión cuando los recursos para sostenerla comienzan a reducirse.

En ese contexto, resulta razonable preguntarse cómo se compatibilizarán los objetivos sanitarios planteados para los próximos años con una disminución de recursos en áreas sensibles del funcionamiento asistencial. La inquietud no nace desde una postura alarmista sin base, sino desde la experiencia cotidiana de quienes observan diariamente las dificultades que enfrenta la red pública para responder de manera oportuna.

En nuestra Región, esta situación adquiere una relevancia particularmente sensible. Los Ríos figura entre las zonas más impactadas por estas reducciones presupuestarias y el Hospital Base Valdivia enfrentaría un recorte superior a los 2.000 millones de pesos. Esto inevitablemente genera preocupación considerando el rol estratégico que cumple este establecimiento como principal centro de alta complejidad de la región y referencia para gran parte de la macrozona sur austral.

La realidad regional tiene además particularidades que muchas veces resultan invisibles en las discusiones nacionales. En territorios como el nuestro, donde la red asistencial dispone de menos margen operativo y donde un hospital de alta complejidad sostiene prestaciones críticas para múltiples comunas, cualquier disminución de recursos puede repercutir directamente en tiempos de respuesta, capacidad diagnóstica, mantención de equipamiento o resolución de procedimientos complejos.

La ciudadanía muchas veces percibe las discusiones presupuestarias como algo lejano o técnico. Pero en salud, las decisiones financieras terminan impactando en experiencias profundamente humanas.

Lo que hoy se requiere y solicita es claridad y transparencia. La ciudadanía y los equipos de salud merecen conocer cómo se implementarán estos recortes, cuáles serán las medidas de mitigación y de qué manera se garantizará que la atención sanitaria no continúe deteriorándose. Porque detrás de cada cifra presupuestaria existen personas esperando una cirugía, un diagnóstico o una atención oportuna dentro del sistema público.

Por supuesto, nadie desconoce la importancia de la responsabilidad fiscal y del uso adecuado de los recursos públicos. El Colegio Médico de Chile y los gremios de salud han sido claros en señalar que esta no es una discusión contra el ordenamiento financiero del Estado, sino una advertencia respecto al impacto que determinadas decisiones pueden tener sobre pacientes y equipos de salud.

La salud pública no puede seguir funcionando en lógica de sobrevivencia permanente. Chile necesita avanzar hacia una conversación seria y de largo plazo sobre el financiamiento sanitario, que permita fortalecer la red pública y no simplemente exigirle seguir resistiendo.

Una red de salud que vive constantemente al límite termina debilitándose silenciosamente, y cuando eso ocurre, quienes primero sienten sus consecuencias son precisamente las personas que más dependen de ella.