Seremi de Seguridad Los Ríos apela rechazo de querella en caso de red vinculada al comercio ilegal de recursos marinos

La Secretaría Regional Ministerial de Seguridad Pública de Los Ríos presentó un recurso de apelación ante el Juzgado de Garantía de Valdivia para impugnar la resolución que declaró inadmisible la querella institucional interpuesta en el marco de la investigación que desbarató una organización criminal dedicada al comercio ilegal de recursos hidrobiológicos.

La acción judicial fue presentada por delitos de asociación criminal, falsificación de instrumento público y delitos contra la salud pública, ilícitos que forman parte de la investigación liderada por el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones (PDI), que permitió desarticular una red que operaba entre las regiones de Los Ríos y Los Lagos.

Desde la Seremi de Seguridad Pública explicaron que la institución cuenta con legitimación activa para ejercer la acción penal, argumentando que dicha facultad está expresamente reconocida en el artículo 111, inciso tercero, del Código Procesal Penal, en relación con el artículo 7° del DFL N° 7.912, incorporado por la Ley N° 21.730.

Según expresaron, esta normativa faculta al Ministerio de Seguridad Pública para presentar querellas cuando los hechos investigados afecten la seguridad pública o el orden público regional.

“Esta Seremi cuenta con la legitimación activa para ser parte interviniente en esta investigación y confiamos en que la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valdivia resolverá conforme a derecho”, dijeron desde la repartición.

• Investigación por asociación criminal

La apelación se produce en el contexto de una de las investigaciones más amplias desarrolladas recientemente en el sur del país, la que permitió la detención de 54 personas y la ejecución de 61 allanamientos simultáneos en cinco regiones.

De acuerdo con los antecedentes reunidos por la Fiscalía y la PDI, la organización estaba integrada por tres grupos coordinados que obtenían, transportaban y comercializaban productos del mar de origen ilícito, abasteciendo mercados y centros de distribución de alta demanda en distintas zonas del país.

La investigación, iniciada en 2024, también permitió establecer la presunta participación de funcionarios públicos que habrían facilitado el traslado, resguardo y comercialización de los cargamentos, contribuyendo al funcionamiento de la red.

• Millonarios movimientos de dinero

Uno de los hallazgos más relevantes corresponde al análisis patrimonial efectuado por la PDI, que detectó movimientos financieros superiores a los 8.800 millones de pesos durante los años 2023 y 2024.

De ese total, más de 8.260 millones de pesos corresponderían a ingresos que no fueron declarados ante la autoridad tributaria.

Además de las infracciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura, la investigación contempla delitos de lavado de activos, cohecho, falsificación de documentos, delitos contra la salud pública y otros hechos de corrupción que habrían permitido a la organización incrementar considerablemente su patrimonio.

Durante los procedimientos policiales fueron incautados vehículos, dinero en efectivo, inmuebles y otros bienes que quedaron a disposición de la investigación, mientras el Ministerio Público continúa desarrollando diligencias para determinar la participación y responsabilidades de cada uno de los imputados.