Las distintas varas

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El contraste entre la profesora de Futrono y el juez Urrutia hace visible un problema de fondo en los sumarios administrativos por licencias médicas.

En marzo de 2023, una profesora de un Liceo de la comuna de Futrono, viajó cuatro días para Argentina mientras se encontraba con una licencia emitida por su Psiquiatra. Más de dos años después, el Municipio local la destituyó por faltar gravemente al deber de probidad, vale decir, al deber de quien sirve al Estado de anteponer el interés general por sobre el particular.

La Corte de Apelaciones de Valdivia revisó la sanción, la dejó sin efecto y ordenó su reincorporación en diciembre de 2025, sin embargo, en febrero de 2026, la Corte Suprema revocó ese fallo y confirmó la destitución.

Diametralmente opuesta a dicha decisión fue la adoptada en mayo de 2026, donde el pleno de la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió el sumario del juez Daniel Urrutia, investigado por dos viajes al extranjero realizados con licencia médica, uno a Costa Rica y otro a Ecuador, determinando su absolución. A este respecto, y para ser “justos”, cabe precisar que el sumariado no quedó libre de todo reproche, pues su conducta fue calificada como “indebida” y se habló de “falta de prudencia”. En concreto, aquí se aplicó la prescripción, esto es, que el paso del tiempo extinguió la posibilidad de castigarlo y fue absuelto por un voto, catorce contra trece.

La conducta de fondo es la misma. La funcionaria de Futrono terminó destituida y el juez se mantuvo incólume, habilitado para seguir juzgando a otros.

Esta columna en caso alguno pretende hacer una defensa frente al mal uso de licencias médicas. Cuando alguien ocupa un reposo médico para un viaje de placer comete una falta y merece reproche. El problema es la manera en que se está tramitando todo esto.

Desde que la Contraloría General de la República denunció masivamente el eventual mal uso de licencias por funcionarios públicos, miles de personas fueron incorporadas a listados y sometidas a sumarios casi en serie, tramitados mediante “formatos tipo” como si todas hubieran cometido idéntica falta. Quienes ejercemos la defensa en estos procedimientos vemos expedientes tramitados en masa, muchas veces a cargo de fiscales instructores que no son abogados y que no tienen los conocimientos mínimos para llevar adelante dicha labor, aun así, tienen en sus manos el destino laboral de una persona, y, en consecuencia, el sustento de sus familias.

Hace más de dos mil años, Aristóteles describió el origen de este problema en su Ética a Nicómaco. La ley siempre regula en términos generales, y por lo mismo, no alcanza a prever cada situación concreta. La equidad, sostuvo, es la corrección de la ley justamente allí donde su generalidad la deja corta. Llevar esa idea al Caso Licencias apunta a comprender que no es lo mismo viajar de vacaciones que asistir a una audiencia internacional. Tampoco es lo mismo un médico que sale de paseo durante su reposo que otro que, también con licencia, atendió pacientes porque su propio centro de salud se lo pidió ante la falta de especialistas, o porque no podía dejar de dar continuidad al tratamiento de un paciente. El análisis caso a caso es una exigencia del debido proceso dentro de un Estado democrático, no un favor.

En efecto, lo aquí expuesto genera gran inquietud entre los profesionales del ámbito jurídico-administrativo. La Corte de Apelaciones de Valdivia intentó mirar la situación particular de la profesora de Llifén y la Corte Suprema la corrigió con un criterio uniforme. Al juez Urrutia, en cambio, el sistema le reconoció cada matiz.

No se trata de afirmar que un resultado sea correcto y el otro equivocado. Se trata de poner de relieve la necesidad que se realice un exhaustivo examen individual en cada caso y que se pondere debidamente las circunstancias particulares. Aquello no puede transformarse en un privilegio reservado para algunos.

Una justicia que mide con dos varas, deja de ser justicia.