La mujer del César

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En unas pocas semanas, la historia recordará el rescate del denominado Chino y de las dos educadoras de párvulos como una anécdota. Sin embargo, el verdadero debate no está en el operativo ni en el despliegue de recursos para encontrarlos, sin olvidar que lo pagamos todos los chilenos, la pregunta de fondo es otra: ¿qué ocurre cuando quienes tienen en sus manos la formación de niños pequeños terminan protagonizando hechos que comprometen la confianza pública?

La justicia será la encargada de establecer responsabilidades. Ese principio no admite discusión. Pero la ética exige un estándar distinto y, muchas veces, más alto que el estrictamente legal.

Hace más de dos mil años, Julio César comprendió una verdad que sigue plenamente vigente. Al repudiar a su esposa Pompeya tras un escándalo, pronunció una frase que ha sobrevivido al paso del tiempo, la mujer del César no solo debe serlo, sino también parecerlo. Con esta palabras, César se refería a confianza, credibilidad y el deber de evitar cualquier conducta que pudiera sembrar dudas sobre quien ocupa una posición de relevancia.

Ese principio resulta especialmente exigible para quienes, al ejercer su profesión cumplen un rol público. En este ámbito, la base es la confianza de la comunidad. Las educadoras de párvulos no solo enseñan canciones, colores o números. Cada día reciben el bien más preciado que una familia puede entregar, sus hijos. Los padres, al elegir un establecimiento educacional, están eligiendo tranquilidad, seguridad y la convicción de que quienes los cuidan representan un modelo de conducta.

Por eso no basta con invocar el derecho a la vida privada cuando determinadas decisiones personales terminan teniendo repercusión pública. Al ejercer nuestras profesiones u oficios, estamos al servicio del otro y con ello debo tener la certeza de que la sociedad observará mi conducta con un estándar superior. No porque se exija santidad, sino porque la credibilidad forma parte de nuestras herramientas de trabajo.

Lo preocupante es que pareciera instalarse una peligrosa lógica, mientras no exista una condena judicial, todo cuestionamiento ético sería improcedente. Es un error. La ética no reemplaza a la justicia, pero tampoco depende exclusivamente de ella. Hay conductas que, aun siendo legales, son profundamente imprudentes para quien tiene la responsabilidad de educar, formar o proteger a otros.

No se trata de condenar anticipadamente a nadie. Se trata de recordar que cumplimos un rol público en el que la autoridad moral es tan importante como las competencias técnicas. Una excelente educadora que pierde la confianza de las familias ve debilitada una parte esencial de su labor.

Quizás hemos normalizado demasiado la idea de separar completamente la vida privada de la responsabilidad pública. Y por ello, quizás ya no nos sorprendemos al ver autoridades, por ejemplo, manejando en estado de ebriedad.  Pero esa separación tiene límites cuando el prestigio de mi quehacer depende precisamente de la confianza que inspira.

La antigua sentencia de Julio César sigue siendo incómoda. Hay cargos, oficios y profesiones donde no basta con ser íntegro. Es indispensable actuar de manera tal que nunca exista una razón fundada para que la sociedad dude de ello. Porque la confianza, una vez perdida, rara vez vuelve a recuperarse.