Desarticulan en Valdivia red criminal vinculada al comercio ilegal de productos del mar: Hay funcionarios públicos involucrados

Una investigación liderada por el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones permitió desbaratar una organización criminal que operaba entre las regiones de Los Ríos y Los Lagos, dedicada a la comercialización ilegal de recursos hidrobiológicos y a una serie de delitos asociados, entre ellos lavado de activos, corrupción y falsificación de documentos.

El operativo, desarrollado este lunes por una fuerza de tarea de la PDI, culminó con la detención de 54 personas, incluyendo funcionarios públicos presuntamente involucrados en la red. Además, se realizaron 61 allanamientos simultáneos en cinco regiones del país.

Según los antecedentes de la investigación, iniciada en 2024, la estructura estaba compuesta por tres grupos organizados que obtenían y distribuían productos del mar de origen ilícito, abasteciendo mercados y centros de distribución de alta demanda en distintas zonas del territorio nacional.

Las diligencias permitieron establecer que algunos funcionarios facilitaban el traslado, resguardo y comercialización de los cargamentos, contribuyendo al funcionamiento de la organización. Hasta ahora, las autoridades no han informado a qué instituciones pertenecen los trabajadores públicos involucrados.

Uno de los aspectos más relevantes de la investigación fue el análisis patrimonial realizado por los detectives, el que detectó movimientos financieros por más de 8.800 millones de pesos durante 2023 y 2024. De ese total, más de 8.260 millones corresponderían a ingresos que no fueron declarados ante la autoridad tributaria.

La investigación también reveló presuntas infracciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura, delitos contra la salud pública, cohecho y otros hechos de corrupción, los que habrían permitido a la organización incrementar significativamente su patrimonio.

Durante los procedimientos se incautaron vehículos, dinero, inmuebles y otros bienes que serán incorporados a la investigación, mientras el Ministerio Público continúa reuniendo antecedentes para determinar el grado de participación de cada uno de los imputados.