MEPCO en Los Ríos: Cuando el ajuste fiscal golpea la mesa del sur

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En una región como la nuestra, donde la dispersión geográfica no es un dato estadístico sino una realidad cotidiana, el transporte es el pulso que marca el costo de la vida. Desde el flete que traslada la producción agrícola en las comunas de Los Ríos hasta el camión que abastece las ferias libres y los almacenes de barrio, cada kilómetro recorrido depende de un factor que hoy está en la mira: el precio de los combustibles. Mientras en Santiago se discuten cifras macroeconómicas y metas de ahorro, en el sur sabemos que un alza en la bencina no es solo un «ajuste técnico», sino una amenaza directa a la estabilidad de los hogares más vulnerables.

A menudo, los ciudadanos de a pie sentimos que las discusiones económicas ocurren en un plano lejano, lleno de siglas y cifras millonarias que parecen ajenas a nuestro día a día. Sin embargo, hay una sigla que hoy debería preocuparnos a todos: el MEPCO. Este Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles es, en términos simples, el «dique de contención» que evita que las crisis internacionales se transformen, de la noche a la mañana, en un impuestazo insostenible para las familias chilenas.

Hoy, la sostenibilidad de este sistema está en entredicho. El argumento del Ministerio de Hacienda es puramente contable: el Estado gasta fortunas en «amortiguar» las alzas del petróleo. Con un costo fiscal de entre US$50 y US$200 millones semanales, la tentación de eliminarlo es grande, especialmente ante la presión por cumplir las metas presupuestarias comprometidas en la campaña de 2025. Pero antes de hablar de ahorro fiscal, debemos hablar de vulnerabilidad social. Retirar este mecanismo sin una alternativa gradual no es solo una decisión técnica; es un riesgo social de proporciones.

Según el economista Juan Ortiz (OCEC-UDP), eliminar el MEPCO de golpe significaría un aumento de hasta $350 por litro de bencina y $400 en el diésel en una sola semana. Para una familia que apenas llega a fin de mes, esto no es un ajuste; es un duro golpe a su calidad de vida. No hablamos solo de quienes tienen un auto para desplazarse; hablamos del transporte público, del flete que trae la mercadería y de la energía necesaria para producir alimentos.

Cuando el combustible sube de esta forma, los primeros en sentir el impacto son los más postergados. El precio de la papa, el pan y el aceite no espera: sube en cadena porque transportarlos se vuelve un lujo. Sin este «colchón», las crisis internacionales —como la actual guerra en Medio Oriente— se traspasan íntegramente al bolsillo de quienes no tienen margen para el ahorro.

Es cierto que el Estado debe ser responsable con sus recursos, pero la prudencia fiscal no puede pasar por encima de la estabilidad de los hogares. Antes de desmantelar el mecanismo, se deben explorar alternativas que mantengan su rol protector, como el retorno a los ajustes semanales o la modificación técnica de las bandas de precios.

La economía debe estar al servicio de las personas, y no al revés. En un Chile que aún no termina de sanar sus heridas sociales, permitir un alza abrupta en el costo de la vida solo eleva la angustia de quienes sobreviven el día a día. El MEPCO no es solo un gasto; hoy por hoy, es la barrera que evita que la inflación termine de vaciar los platos de comida en nuestro sur.

Ante este escenario, el llamado a nuestras autoridades regionales y representantes parlamentarios de Los Ríos debe ser uno solo: no podemos ser meros espectadores de decisiones tomadas en oficinas de la capital que ignoran nuestra realidad regional. Debemos exigir que cualquier modificación al MEPCO contemple una transición que proteja a nuestra región. La responsabilidad fiscal es necesaria, sí, pero no puede financiarse a costa del esfuerzo diario de las familias de nuestro territorio.