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Judicial miércoles 22 de agosto de 2018 | Publicado a las 17:09 | Actualizado a las 17:09

Antes de fin de año se cerrará etapa de investigación del caso “Plan Z” por apremios ilegítimos a dirigentes políticos

Publicado por: Germán Pérez
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El ministro en visita extraordinaria para causas por violaciones a los derechos humanos de las jurisdicciones de la Corte de Apelaciones de Temuco, Valdivia, Puerto Montt y Coyhaique, Álvaro Mesa, informó que antes de fin de año se cerrará la etapa de investigación del denominado Plan Z, por apremios ilegítimos que afectaron a dirigentes políticos durante la Dictadura Cívico Militar.

El Ministro Mesa explicó que en los próximos meses “tendremos novedades en la causa de apremios en contra de Sandor Arancibia y otros, donde la causa de estado de sumario pasará a estado de plenario”. Ello quiere decir que antes de fin de año se cerrará la etapa de investigación, que dará paso a que las partes puedan presentar sus descargarnos previo que se dicte sentencia.

“Esto en palabras simples significa que hay una etapa de investigación, donde se van estableciendo los hechos y se determinan los presuntos responsables, una vez que se aclaran los hechos, la investigación se cierra, para luego dictar una acusación, en este momento, la defensa de los presuntos responsables pueden hacerse cargo de las imputaciones. Posteriormente viene un periodo de presentación de pruebas y con eso, el tribunal tiene que dictar sentencia en la causa”, precisó el magistrado.

Esto, en el marco de la investigación del denominado “Plan Z”, que afectó a dirigentes políticos durante la Dictadura Cívico Militar, en Valdivia, como al exindentendente de la Unidad Popular, Sandor Arancibia.

La declaración, la realizó en el marco de las visitas periódicas que el Ministro Mesa realiza en la jurisdicción, en donde -en esta oportunidad- efectuó diligencias en las causas  por el homicidio de Marcelo Betanzo; por la muerte de Patricio Calfuquir y otras víctimas; por el secuestro de Sergio Leal; por el homicidio de Osvaldo Jaramillo; y por el secuestro de Ilucindo Gonzalez. El ministro visitador, precisó que estas diligencias consistieron en la toma de declaraciones a testigos de la época, entrevistas con familiares, la toma de declaraciones a presuntos implicados y reconocimiento fotográfico.

  • Caso “Plan Z”

En la etapa de investigación, el ministro en visita ha establecido los siguientes hechos que tras el Golpe Militar del 11 de Septiembre de 1973, fueron detenidos en varias ciudades del país y en especial en Valdivia, Sandor Arancibia Valenzuela, Juan Yilorm Martínez, Víctor Hormazábal Rozas, José Daniel Gallardo Saldivia, Rogers Delgado Sáez, Joel Asenjo Ramírez, Luis Díaz Bórquez, Uldaricio Manuel Figueroa Valdivia y Carlos Jaime Bahamondez Hormazábal, entre otros. Algunos de ellos quienes hasta esa fecha detentaban cargos públicos o militaban en partidos políticos del Gobierno del Presidente Salvador Allende.

A todos ellos, se les acusaba de ser los cabecillas de un plan fantasioso de exterminio de los integrantes de las Fuerzas Armadas y de Orden, denominado hasta hoy en día como “Plan Z”. Todos los detenidos, en distintas fechas luego del 11 de septiembre de 1973, fueron conducidos a la Cárcel Pública de Valdivia por orden de la Fiscalía Militar existente.

Dichas detenciones fueron decididas por la autoridad militar de la época, sin orden judicial, no constando en el proceso su realización bajo un procedimiento ajustado a la norma vigente en ese entonces.

Asimismo, se ha constatado que en el Regimiento Cazadores de Valdivia, tras el Golpe, por orden del General Héctor Bravo Muñoz (actualmente fallecido) fue reforzada la Sección Segunda de Informaciones e Inteligencia con la agregación de funcionarios de la misma unidad militar, entre ellos Hernán Soriano Ávila; un integrante de la Policía de Investigaciones de Chile, Germán Jesús Borneck Matamala; y personal de la Tenencia de Carabineros “José Gil de Castro” de la misma comuna, como el teniente Rubén Aracena González y el cabo Juan Bautista Yáñez Ruiz, apodado “esbante grande”. Este grupo estaba a cargo del teniente de Ejército Patricio Kellet Oyarzún y tenían por misión interrogar a los detenidos por asuntos políticos, que luego de esa fecha fueron ingresados en la cárcel de Valdivia.

Además, el Ministro Mesa estableció que a fines de septiembre de 1973, fue llamado a integrarse al Ejército Bernardo Puga Concha, que hasta esa fecha se desempeñaba como abogado auxiliar del Consejo de Defensa del Estado, quien asumió funciones como asesor legal la Fiscalía Militar, a cargo hasta entonces de Mario Piraíno Valenzuela (actualmente fallecido). Incluso, algunos abogados defensores concurrieron hasta la oficina de la Fiscalía Militar, entrevistándose con dicho abogado asesor, quien se identificaba como Fiscal Militar.

Se constató, que a fin de cumplir con la orden dada por la superioridad, se habilitó el gimnasio del Regimiento Cazadores, ubicando pupitres para interrogar a los detenidos políticos. De este modo, los detenidos eran llevados y traídos desde la cárcel al regimiento por personal militar de la sección liderada por Patricio Kellet Oyarzún, siendo interrogados en la Fiscalía Militar y apremiados físicamente en dependencias del gimnasio antes y/o después de estos interrogatorios.

En el gimnasio o sala de tortura existían implementos para amarrar a los detenidos y aplicarles electricidad en diferentes partes del cuerpo, además de aplicarles otro tipo de tormentos como golpes de pies y puños. En esta tarea participaban todos los integrantes del grupo liderado por el Teniente Patricio Kellet Oyarzún, además del detective de la Policía de Investigaciones y funcionarios de Carabineros que allí estaban agregados y antes mencionados, acreditó el Ministro Mesa.

Una vez que las personas eran interrogadas en el regimiento aludido, eran conducidas nuevamente hasta la cárcel de Valdivia. En aquel lugar, los propios compañeros de celda y uno de los funcionarios de la enfermería del penal, constataban el mal estado físico de ellos debido a las interrogaciones bajo torturas.

Mesa, constató que el General de División Héctor Bravo Muñoz, además de reforzar la unidad de inteligencia, reunió a los comandantes de los regimientos Cazadores y Maturana, los cuales funcionaban en el mismo recinto militar conocido como “cantón Bueras” de Valdivia e instruyó verbalmente que el Coronel Pantoja (actualmente fallecido) se hiciera cargo de toda la parte operativa con el fin de encontrar la presencia de subversivos, esto en presencia del comandante del Regimiento Cazadores, a quien designó para realizar funciones de patrullaje en Valdivia y asumir la seguridad en el área urbana de la ciudad, además como delegado de Gobierno en la Universidad Austral de Chile. Pese a su designación como autoridad de educación, el comandante el Regimiento Cazadores siguió desempeñándose diariamente en la unidad bajo su mando -ya que según se indicó, asumió la seguridad en Valdivia y por ubicarse su domicilio al interior del recinto militar- concurriendo a diario a ese lugar, enterándose que el Coronel Pantoja tenía el control del gimnasio del regimiento y un empadronamiento de las personas detenidas. Además, conocía sobre la supervisión que realizaba Pantoja en la búsqueda de información. Todo lo anterior por observar en más de una oportunidad, tanto de día como de noche, a personas que eran conducidas hasta el gimnasio antes aludido para ser interrogados.

Se especificó en la investigación que el mismo comandante del Regimiento Cazadores, ordenó a Hernán Soriano Ávila, funcionario de la unidad bajo dependencia, integrar el grupo liderado por el Teniente Patricio Kellet Oyarzún, según se ha dicho anteriormente”.

Son parte de los hechos acreditados en esta etapa de investigación por apremios ilegítimos contra los exdirigentes políticos de la época y que en los próximos meses finalizará para dar paso a los descargos de las partes y posteriormente se dicte sentencia contra los autores de los delitos que se imputarán a los procesados en esta causa.

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