Solicitan investigar a Ministerio de Economía por priorización de hidroeléctrica en río San Pedro
Desde la Mesa Ciudadana por un Río San Pedro Sin Represas dieron a conocer que ingresaron a la Contraloría General de la República un requerimiento solicitando que se investigue y fiscalice al Ministerio de Economía, Fomento y Turismo por la priorización del proyecto de Central Hidroeléctrica San Pedro de Colbún S.A.
La acción iniciada por la organización sería por la priorización del proyecto Central Hidroeléctrica San Pedro de Colbún S.A. en la comuna de Los Lagos, Región de Los Ríos, en el contexto de los 220 proyectos que el Gobierno anunció en agosto de este año que priorizaría con el objetivo de reactivar la economía en Chile. Cabe recordar que el proyecto de central hidroeléctrica aún se encuentra en evaluación ambiental.
Sobre la acción iniciada, la organización en defensa del Río San Pedro detalló, a través de un comunicado, lo siguiente:
En el marco de la crisis sociosanitaria que afecta al país, este Ministerio ha decidido “priorizar” un listado de 220 proyectos de inversión, de los cuales 1 de ellos corresponde a la Central Hidroeléctrica San Pedro de Colbún S.A. El proyecto contempla la construcción de una represa de 60 metros de altura que no ha podido emplazarse en el área original, debido a que las características geológicas del sitio se encuentran afectas a remociones en masa y derrumbes que transforman a este proyecto en una verdadera amenaza no solo para el medio ambiente, sino que para la seguridad de los y las habitantes de las comunas de Los Lagos y Valdivia.
El indicado proyecto se encuentra en evaluación de impacto ambiental, en un procedimiento administrativo en el Servicio de Evaluación Ambiental de la Región de los Ríos, el cual ha recibido casi 4.000 observaciones de parte de personas naturales, personas jurídicas, organismos públicos y de académicos de diversas áreas del conocimiento. Por lo tanto, es inaceptable que el Ministro de Economía declare que considera este proyecto como prioritario, por lo que resulta obvio que su delegado en la Región, la Seremi de Economía, lo votará favorablemente cuando el proyecto llegue a la Comisión Evaluadora Regional.
Como vecinos y habitantes del área amenazada por este proyecto, hemos solicitado a la Contraloría investigar y fiscalizar a los organismos públicos señalados, ya que nos causa profunda preocupación que un organismo del mismo estado priorice el proyecto y posteriormente representantes del mismo organismo de Estado sea parte de su evaluación.
Finalmente, el documento detalla que la situación descrita resulta grave si consideramos que ella perturba el principio preventivo, que inspira el sistema de evaluación de impacto ambiental, que para funcionar adecuadamente requiere un actuar imparcial de los órganos del estado.
Cabe destacar que este viernes la empresa Colbún ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental su Adenda para responder las casi cuatro mil observaciones realizadas al proyecto. El objetivo es poder continuar con la construcción de la Central Hidroeléctrica en el río San Pedro, cuyas obras se mantienen paralizadas desde el año 2011.
El documento presentando por la empresa es en respuesta al Informe Consolidado de Solicitud de Aclaraciones, Rectificación y Ampliación, (ICSARA) que contiene las observaciones que se han realizado a la iniciativa durante su proceso de evaluación.
Los 20 servicios públicos e instituciones involucradas tienen como plazo el 25 de noviembre del 2020 para informar si se han subsanado los errores, omisiones o inexactitudes de la iniciativa, asunto sobre el cual la integrante de la Mesa Ciudadana por un Río San Pedro sin Represas, Fernanda Ochoa, detalló que “es vergonzoso que el Servicio de Evaluación Ambiental espere que en dos semanas los organismos públicos revisen un informe que es bastante complejo de revisar”, lo que a su juicio sería aún más difícil dada la crisis sanitaria y las medidas de confinamiento que se viven en Los Ríos.
“Colbún tuvo más de un año y medio para dar respuestas a un proyecto que viene hace más de 13 años tratando de llevarse a cabo, eso nos parece impresentable”, agregó la integrante de la organización.
Fernanda Ochoa añadió que este lunes esperan “subir un documento al Servicio de Evaluación Ambiental. Primero, exigiendo que se cumpla el plazo para la participación ciudadana luego de la adenda. Existe un plazo de 60 días posterior a la entrega de esta para poder responder a las interrogantes o revisar en caso que no se quede conforme con la información entregada. También queremos exigir que los organismos públicos tengan más plazo”.
Además, Ochoa aseveró que “creemos que es muy contraproducente que el Gobierno se muestre a favor de un proyecto que todavía tiene que ser evaluado y que ha sido tan cuestionado por la ciudadanía, como por la academia en general, incluso también por organismos públicos”.
Según la integrante de la Mesa Ciudadana por un Río San Pedro sin Represas, lo ocurrido “deja en evidencia este proceso de agilización que quiere hacer le Gobierno que, por supuesto, se refleja en las decisiones que toma el Servicio de Evaluación Ambiental de agilizar estos proyectos, pero no darles una correcta evaluación ambiental.
Finalmente, Fernanda Ochoa dijo espera que pueda cambiar y que el plazo del 25 de noviembre sea revocado y ampliado.
