Senador Flores propone sancionar con cárcel la manipulación digital de la opinión pública

Un proyecto de ley presentado en el Senado busca crear el delito de “manipulación digital inauténtica” para sancionar operaciones coordinadas destinadas a simular fraudulentamente la participación de múltiples ciudadanos en asuntos de interés público.

La iniciativa, ingresada por el senador Iván Flores junto a las senadoras Yasna Provoste, Alejandra Sepúlveda y Paulina Vodanovic, además del senador Matías Walker, propone modificar diversos cuerpos legales y se encuentra en primer trámite constitucional, derivada a la Comisión de Constitución del Senado.

La propuesta apunta a quienes creen, organicen, financien, contraten, administren o utilicen una “red coordinada inauténtica” con el propósito de inducir a terceros a error sobre la existencia, magnitud, origen, independencia o espontaneidad del apoyo, rechazo o participación ciudadana respecto de una materia de interés público.

El texto contempla penas de presidio menor en sus grados medio a máximo y multas de entre 20 y 100 UTM. Para determinar la eventual existencia del delito se considerarían elementos como el número de cuentas involucradas, publicaciones e interacciones, alcance, duración, frecuencia y grado de automatización de la operación.

“Una cosa es defender una idea, hacer campaña o expresar una opinión, por dura que sea, y otra muy distinta es montar cientos o miles de cuentas para hacer creer que detrás de ellas existen cientos o miles de ciudadanos, creando una realidad ficticia”, señaló Flores.

• Agravantes en procesos electorales

El proyecto establece además una pena agravada cuando estas prácticas tengan como finalidad favorecer o perjudicar a una candidatura, candidato, partido político, pacto electoral o una opción sometida a plebiscito.

La iniciativa también contempla responsabilidad para candidatos que, teniendo conocimiento de estas operaciones, las contraten, financien, autoricen, coordinen o participen en ellas para favorecer su propia candidatura o perjudicar a otra. Una regla similar se plantea para quienes actúen por encargo o representación de partidos políticos.

Los recursos utilizados para crear, contratar, administrar o utilizar estas redes durante una campaña también serían considerados gasto electoral cuando exista conocimiento, autorización o coordinación de la candidatura o partido, sin derecho a reembolso fiscal.

Proyecto diferencia entre manipulación y uso legítimo de redes

La propuesta establece expresamente que no busca sancionar el uso de seudónimos, el anonimato ni distintas formas de activismo digital. Tampoco prohíbe por sí mismo el uso de bots.

De acuerdo con el proyecto, las cuentas automatizadas podrían utilizarse legítimamente cuando estén claramente identificadas como tales y no busquen hacerse pasar engañosamente por personas naturales. También se mantendría permitido utilizar sistemas para programar publicaciones, administrar contenidos o prestar servicios informativos.

El texto define como “red coordinada inauténtica” a un conjunto de cuentas automatizadas, parcialmente automatizadas, ficticias o sometidas a un control común que oculta deliberadamente esa coordinación y opera de manera masiva o sistemática para aparentar la participación espontánea e independiente de múltiples personas.

Además, la iniciativa propone incorporar el nuevo delito a la Ley de Delitos Económicos, lo que permitiría establecer responsabilidad penal de personas jurídicas cuando se cumplan los requisitos contemplados en la legislación.

“Las redes sociales son parte de la nueva plaza pública. Tenemos que proteger la libertad que existe en ellas, pero también impedir que empresas, organizaciones o personas con recursos puedan fabricar artificialmente miles de voces y hacerlas pasar por ciudadanos reales”, sostuvo Flores.

El proyecto continuará ahora su tramitación legislativa en el Senado, por lo que sus disposiciones aún no constituyen normas vigentes.