Planificar una infraestructura resiliente

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Cada invierno repetimos el mismo ritual, las lluvias intensas provocan desbordes, caminos interrumpidos, viviendas inundadas, cortes de energía y comunidades aisladas. Luego aparecen las evaluaciones, las ayudas de emergencia y los anuncios de reconstrucción. Sin embargo, una vez que el sistema frontal desaparece, también desaparece la urgencia por abordar el verdadero problema: nuestra infraestructura continúa diseñada para un clima que ya no existe.

La reciente emergencia vivida en la Región de Los Ríos vuelve a demostrar que el cambio climático es una realidad presente, las precipitaciones son hoy más concentradas, los caudales reaccionan con mayor rapidez y los eventos extremos se presentan con mayor frecuencia. Frente a esta realidad, ya no basta con reconstruir lo dañado, sino que debemos preguntarnos si estamos construyendo la infraestructura que el territorio necesita.

El problema no son únicamente las lluvias, el verdadero desafío radica en que seguimos entendiendo la infraestructura como un conjunto de obras destinadas a prestar servicios en condiciones normales, cuando su principal función debe ser mantener operativa la sociedad precisamente durante las emergencias.

Un puente no solo conecta dos puntos; durante una catástrofe puede significar el acceso a un hospital. Un sistema de agua potable no solo abastece hogares; puede convertirse en la diferencia entre una crisis sanitaria controlada o desbordada. Un camino rural no representa únicamente conectividad productiva; puede ser la única vía para evacuar una comunidad o permitir el ingreso de equipos de rescate, la infraestructura crítica constituye la primera línea de defensa de una comunidad frente a una emergencia.

La resiliencia dejó de ser un concepto exclusivamente ambiental para transformarse en un requisito del desarrollo, cada peso invertido en prevención evita múltiples recursos destinados a reconstrucción, interrupción de servicios y pérdidas económicas, sin embargo, nuestros sistemas de evaluación de inversiones aún privilegian beneficios en condiciones normales, mientras subestiman el enorme valor de aquellas obras cuya principal utilidad aparece precisamente cuando ocurre una emergencia.

En una región como Los Ríos, caracterizada por una extensa red hidrográfica, abundantes humedales y una alta dispersión territorial, la infraestructura crítica debe planificarse desde una lógica completamente distinta, es necesario rediseñar obras hidráulicas considerando nuevos escenarios climáticos, fortalecer puentes con criterios de redundancia, asegurar la continuidad operacional de los sistemas de agua potable, energía y telecomunicaciones, proteger la infraestructura sanitaria y modernizar los sistemas de monitoreo hidrometeorológico.

De igual forma, es importante comprender que la resiliencia no depende únicamente de la infraestructura tradicional, los humedales, las planicies de inundación, los bosques ribereños y otras soluciones basadas en la naturaleza también cumplen funciones esenciales al amortiguar crecidas, almacenar agua y reducir los impactos de los eventos extremos.

Este desafío no podrá enfrentarse únicamente mediante nuevas obras, requiere también una nueva forma de gobernar la infraestructura pública, esto es: al Estado central le corresponde liderar la política nacional de adaptación, establecer estándares técnicos, modernizar las metodologías de evaluación social de proyectos e incorporar el riesgo y la resiliencia como variables estructurales en la asignación de recursos públicos. Ministerios como Obras Públicas, Vivienda y Urbanismo, Transportes, Energía, Salud e Interior deben actuar de manera coordinada, superando la tradicional fragmentación sectorial que muchas veces genera inversiones desconectadas entre sí.

Por su parte, los gobiernos regionales están llamados a asumir un rol mucho más estratégico que el de administradores de fondos concursables, la descentralización ofrece una oportunidad para construir políticas de infraestructura adaptadas a las características de cada territorio. Son los gobiernos regionales quienes mejor conocen las vulnerabilidades, las brechas de conectividad y las prioridades de desarrollo de sus comunidades.

Los municipios, a su vez, cumplen un papel insustituible, son la primera institución que enfrenta las consecuencias de una emergencia y quienes poseen el conocimiento más directo sobre las condiciones de sus territorios. Fortalecer sus capacidades técnicas para la planificación, la gestión del riesgo y el desarrollo de proyectos resulta indispensable para construir comunidades más seguras y preparadas.

Las universidades también tienen una responsabilidad ineludible, no solo deben formar profesionales capaces de diseñar infraestructura adaptada al cambio climático, sino también generar conocimiento aplicado, desarrollar nuevas metodologías de evaluación del riesgo y aportar evidencia científica que respalde mejores decisiones de inversión.

La infraestructura del siglo XXI ya no puede medirse únicamente por los kilómetros de caminos pavimentados o por la cantidad de puentes construidos, debe evaluarse por su capacidad para proteger vidas, mantener operativos servicios esenciales y reducir las pérdidas económicas y sociales.