Nueva demanda para la UACh: Vicerrector de Gestión Económica pide indemnización de $50 millones

El Vicerrector de Gestión Económica de la UACh, César Pino, presentó una demanda contra la casa de estudios, acusando vulneraciones a los derechos fundamentales ante las investigaciones por irregularidades administrativas, por lo que pide una indemnización de 50 millones de pesos.

En el contexto de las investigaciones realizadas por irregularidades administrativas ocurridas al interior de la Universidad Austral de Chile (UACh), las que fueron denunciadas en junio del 2020 y que desencadenaron más tarde en la salida del ex Rector Óscar Galindo, el Vicerrector de Gestión Económica y Administrativa de la casa de estudios, César Pino Soto, presentó una demanda contra la universidad.

Lo anterior, acusando haber sufrido vulneraciones a sus derechos fundamentales, hechos por los que Pino pidió en su demanda una indemnización de 50 millones de pesos.

Se trata de una demanda de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales durante la relación laboral, según explicó la abogada de César Pino, Ximena Águila, la que se interpone “a raíz de la vulneración de los derechos fundamentales, principalmente el derecho a la integridad física y psíquica de la persona y el derecho a la honra. Además hay un apartado que hace referencia al debido proceso”, aseveró Águila.

Sobre este último punto la abogada recordó que, a raíz de la denuncia realizada el año pasado, que decantó en una investigación interna de la UACh, también se determinó que se iniciara una auditoría paralela con una empresa externa, la que fue realizada por la empresa Crowe. 

En este sentido, Águila explicó que “fueron dos investigaciones paralelas, casi coetáneas, que investigaron exactamente los mismos hechos. Hay derechos fundamentales en torno a los procedimientos de investigación a los que se someten las personas que dicen relación con que cualquier procedimiento debe estar establecido con anterioridad a los hechos que se investigan o que han sido denunciados por una persona o un grupo colegiado de personas que también esté previamente establecido y esto no ocurrió con la auditora Crowe”.

Además, añadió que la auditoría interna tampoco habría cumplido con los requisitos establecidos por la Ley y la Constitución asegurando, “nosotros sostenemos que la investigación no está establecida conforme a la Ley, en este caso al Código del Trabajo, además no se le puso en conocimiento desde un principio a mi representado de los hechos por los cuales estaba siendo denunciado. Me refiero a un conocimiento formal”, cerró Águila.

De esta forma, la abogada explicó que lo que se busca es que se declare que los derechos fundamentales de Pino fuero vulnerados y que esto sea reconocido públicamente. Además, según detalló, solicitan una compensación económica por daños a la honra y desgaste de la salud del demandante en el contexto de todo el proceso investigativo.

Sobre este último aspecto, la acción legal presentada explica que “las vulneraciones y acciones que se denuncian han sido hechas en forma pública, provocando con ello la sobre reacción de la ciudadanía, la crítica a través de redes sociales en contra de mi representado”, agregando así que esperan que se declare que “como consecuencia de lo anterior, la demandada debe reparar el daño que ha ocasionado de la siguiente manera, o de la manera que el tribunal considere pertinente de acuerdo al mérito del proceso:

Ordenar que por el daño moral que ha sufrido mi representado se le pague una suma de $50.000.000 (cincuenta millones de pesos) o la suma que Ssa. Determine con el mérito del proceso y en conformidad a la ley”, expone el documento.

Más adelante añade que “que se haga por parte de la Universidad un reconocimiento a través de medios de comunicación masivo nacional, de haber pasado a llevar los derechos de mi representado, y que no se ha podido determinar respecto de ella ninguna responsabilidad directa de los hechos por los cuales ha sido acusada”, agregando en otro punto más adelante que el “daño emergente que hasta la fecha asciende a $400.000.- más lo que se determine, o lo que Ssa. estime en derecho”.

La abogada Ximena Águila concluyó diciendo que, en ocasiones anteriores, cuando se han dado a conocer hechos relacionados al caso UACh, “basta mirar la reacción que la gente tiene en las redes sociales respecto a las personas denunciadas”, añadiendo que “ocurre que acá no se acreditaron responsabilidades. En el caso del señor Pino sí hubo un levantamiento de cargos, pero que a juicio nuestro es irracional. Eso es lo que más pone de relevancia cómo ha sido dañada la imagen de mi representado”.

Por este caso, se fijó para el próximo 21 de abril a las 10:00 horas, una audiencia preparatoria, la que se realizará a través de videoconferencia.