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Social Domingo 13 de Diciembre de 2020 | Publicado a las 09:47 | Actualizado a las 17:19

Investigación interna de la UACh desestimó parte de las irregularidades denunciadas

Publicado por: Constanza Riquelme
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Imagen de contexto | RioenLinea

Esta semana se dieron a conocer los resultados de la investigación que la Contraloría Interna de la UACh realizó por las denuncias por presuntas irregularidades administrativas que involucraban al Rector Galindo y a su esposa. Sobre esto, la Contraloría desestimó en su informe final las irregularidades denunciadas. 

Fue en junio de este año cuando la ex Presidenta del Sindicato de Docentes de la Universidad Austral de Chile (UACh), Claudia Letelier, entregó de forma interna un documento en el que se detallaban una serie de irregularidades administrativas que involucrarían al Rector de la casa de estudios, Óscar Galindo, y a su esposa, Zita Muñoz.

En lo denunciado se cuestionaba la contratación de asesores por parte del Vicerrector de Gestión Económica y Administrativa, con sueldos superiores a los dos millones de pesos; presuntos conflictos de interés; aparentes pagos excesivos de viáticos; denuncias de acoso y maltrato laboral; pone en duda el manejo del patrimonio institucional y los recursos fiscales que son entregados a la universidad.

Asimismo, en el documento a través del cual se dio a conocer lo denunciado, se ponía en tela de juicio los parentescos de Zita Muñoz, esposa del Rector Galindo, a quien atribuye una serie de proyectos que han estado a su cargo, así como el manejo de altos montos de dinero.

A seis meses de lo ocurrido, la Contraloría Interna de la UACh hizo llegar un informe -al que tuvo acceso RioenLinea- al Rector Óscar Galindo en el que se dan a conocer los resultados preliminares, sólo respecto de los hechos descartados durante la indagatoria. Sin embargo, la investigación sigue en curso respecto de los temas que podrían terminar en sanciones.

Así, son ocho los puntos en que se especifican las labores investigativas y sus resultados:

I. Vicerrectoría de Gestión Económica y Administrativa:

Respecto a lo denunciado sobre de tres asesores contratados por parte del Vicerrector de Gestión Económica y Administrativa, César Pino, quienes lo ayudarían a realizar labores propias del ejercicio de sus funciones, el documento detalla que:

“En lo que a remuneraciones se refiere, la Fiscal no pudo constatar ninguna irregularidad en los montos de estas ya que se trata de personas contratadas en el escalafón profesional en categoría E-00 por lo que no tienen definido un monto tope de conformidad a lo dispuesto en el Decreto que Promulga el Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Universidad Austral de Chile , debiendo ajustarse a los recursos disponibles conforme a la disponibilidad presupuestaria de la Unidad”.

Respecto al pago de viáticos, el documento detalla, tras la exposición de los antecedentes que “sin perjuicio de ello, la Fiscalía no pudo encontrar ningún antecedente que indique que dichos viáticos fueron cursados con fines distintos a los laborales, cuestión que sería muy compleja de realizar si se considera que en el caso del Sr. Pino las solicitudes de viáticos son realizadas por su secretaria y no por él”.

II. Patrimonio Institucional:

Respecto al ítem de Patrimonio Institucional el documento detalla que:

“En los hechos denunciados por la Sra. Letelier, se señalan una serie de órdenes de compra y factura que, la Universidad Austral de Chile habría pagado a la empresa Producción en Viveros, Cultivo Forestal y Apícola, Neri Carrasco E. I. R. L., cuyo nombre de fantasía es Plangen”.

Posteriormente agrega que “de los elementos probatorios recabados y analizados en la presente Investigación, no existen antecedentes que permitan determinar que hubo algún tipo de preferencia a favor de la empresa Plangen que no fuera por su trayectoria y prestigio pues, las contrataciones se hicieron de acuerdo a los procedimientos internos, considerando, además, que la empresa Plangen se encuentra debidamente inscrita en el Registro de Proveedores de Bienes y Servicios desde el año 2018″.

Finalmente añade que “dada la referencia que se hace en la denuncia a la Sra. Zita Muñoz en la toma de decisiones y en su supuesta relación de amistad, a través de la cual, beneficiaría a un proveedor en particular, esta Contraloría considera necesario hacer presente que, la Sra. Zita Muñoz Jerez es una profesional que trabaja en la Dirección de Vinculación con el Medio, pero no es su Directora, sino que dicho cargo es detentado por la Sra. Leonor Adán quien finalmente toma las decisiones sobre su unidad, pensar que otra u otro profesional que no ostenta dicha jefatura es quien resuelve y determina los pasos a seguir dentro de una unidad, es invisibilizar y restar méritos a quien posee el cargo directivo, en este caso a la Sra. Leonor Adán Alfaro”.

III. Recursos Fiscales. Programa de Acompañamiento y Acceso Efectivo a Educación Superior (PACE):

Respecto al tercer punto se detalla lo siguiente:

“El documento que da origen a esta investigación se refiere en varios aparatados a supuestas irregularidades que habrían ocurrido en el programa PACE, cuestionando la vinculación de la Sra. Zita Muñoz Jerez con el programa, la contratación de la Srta. Yislén Muñoz Jerez (hermana) como coordinadora el programa en el Sede Puerto Montt y la contratación de ciertos proveedores que tendrían vínculos de parentesco con quienes los contrataban”.

Más adelante detalla que “uno de los cuestionamientos planteados por la Sra. Claudia Letelier en su declaración y en el texto de denuncia que luego se acompañó a la investigación, dice relación con la decisión inicial de que la Sra. Zita Muñoz participe en la coordinación del programa PACE y que luego de su salida de la OGPI esa vinculación se mantuviese”.

Luego agrega que “sobre el primer punto, tal y como se señaló en el párrafo anterior, la elección tuvo que ver con temas de experiencia asociados al tipo de proyectos que ella había desarrollado en la OGPI con anterioridad y a la necesidad de que existiese una ingeniera de proyectos vinculada, por lo que la Fiscalía descartó que se haya debido a su vínculo personal con el Sr. Rector”.

Posteriormente añade que “ahora bien, otra situación cuestionada y vinculada a este programa es la contratación de la Srta. Yislén Muñoz Jerez, hermana de la Sra. Zita Muñoz Jerez, como coordinadora del Programa en la Sede Puerto Mont”.

Sobre lo anterior detalla que “luego, esta coordinación y el financiamiento proveniente del programa PACE continuó igual hasta mayo de 201921, cuando el Sr. Vicerrector de la Sede Puerto Montt, Sr. Renato Westermeir, solicita la contratación a jornada completa y en forma indefinida de la Srta. Yislén Muñoz con adscripción a la Sede Puerto Montt nombrándola “Encargada de Programas Especiales de Acceso”, señalando en su declaración que lo hizo como una forma de regularizar su situación (llevaba más de tres contratos a plazo fijo) y porque realizaba otras funciones en la Sede y no solo se dedicaba al Programa PACE, reconociendo el Sr. Westermeier que quizás debió haber realizado algún tipo de concurso, manifestando que no hacer concurso es una práctica habitual de la Sede y que no ha ocurrido solo en este caso”.

Luego, otra fragmento del texto sobre este punto explica que “sin perjuicio de la responsabilidad en la que podría haber incurrido el Sr. Westermeier por no haber realizado llamado a concurso, es necesario señalar, al igual que se hizo en el punto el que se analizará las contrataciones de las Srtas. Paula Bueno y Reni Montt, que el Sr. Westermeier no cuenta con vínculo laboral con la Universidad desde que se acogió a retiro, por lo que no es posible perseguir en su contra ningún tipo de responsabilidad vía Reglamento de Investigaciones Internas”.

Finalmente, más adelante y respecto al uso de recursos públicos en el Programa PACE, Contraloría detalla que “en virtud de todo lo señalado, esta Contraloría no ha encontrado ninguna irregularidad en el funcionamiento del programa PACE que pueda configurar infracción a la normativa interna de nuestra Universidad ni mal uso de los recursos públicos que se entregan para su ejecución”.

IV. Reemplazo en Rectoría:

Sobre el ítem de Reemplazo en Rectoría, el informe detalla que “en lo que respecta al reemplazo de la secretaría del Rector Sra. Carola Bahamondez, por licencia pre y post natal debemos señalar que de acuerdo a los antecedentes que constan en el procedimiento, la Sra. Marcela Ojeda, quien fue contratada para el reemplazo de la Sra. Bahamondez participó en un concurso público para optar al cargo de asistente administrativa del Programa PACE de la Región de Los Ríos, concurso del que efectivamente se enteró gracias que la Sra. Secretaria General, se lo comentó, pues son cuñadas”.

“Por su parte, lo hecho por la Secretaria General no transgrede ninguna disposición interna, pues se trata de concursos públicos donde cualquiera puede participar y obtiene el cargo quien cuenta con las mejores competencias, de acuerdo a los requisitos solicitados”, añade.

Luego explica que “como se puede observar, desde Rectoría se siguió con el procedimiento para encontrar un reemplazo para el puesto de Secretaria, el que no prosperó por las razones que el propio Rector indicó, por lo que, siguiendo también con el procedimiento, se contactaron con la Sra. Ojeda, dado que cumplía con el perfil y contaba con las aptitudes necesarias para desempeñarse en el cargo”.

Finalmente el texto expone que “por lo que se pudo demostrar que, fue el Sr. Rector quien directamente se comunicó con la Sra. Marcela Ojeda, dado que de acuerdo a los antecedentes con los contaba, ella tenía las competencias necesarias para cumplir con las funciones de Secretaria Administrativa, vale decir, fue llamada para hacer este reemplazo por sus capacidades y no, por ser la cuñada de la Secretaria General, pues ella no tuvo injerencia alguna en este nombramiento”.

V. Procedimiento de Titulación y BNA:

Sobre el Procedimiento de Titulación y la BNA, la investigación explica que “además de los temas asociados al programa PACE, la Sra. Claudia Letelier manifiesta que habrían existido irregularidades en el proceso de titulación de la Srta. Yislén Muñoz Jerez y le imputa, además, haberse quedado con dineros por concepto de tutorías no realizadas en el marco del programa BNA durante el año 2014″.

Sobre este aspecto se expone que “no fue posible encontrar antecedentes que dieran cuenta de la existencia de irregularidades o incumplimientos normativos en estas materias o, para el segundo caso, que dichos hechos hubiesen ocurrido. Asimismo, considerando la fecha que se establece como fecha de ocurrencia en la denuncia, tampoco pueden ser objeto de la presente investigación por estar fuera de los plazos de competencia del Reglamento de Investigaciones Internas”.

VI. Contrataciones Sede Puerto Montt:

En el sexto punto sobre Contrataciones en la Sede Puerto Montt de la casa de estudios se detalla que “dentro del contexto de la investigación solicitada y en virtud de la información publicada por la Sra. Claudia Letelier a través de Redes Sociales, se indagó por parte de la Fiscalía, el proceso de contratación de dos profesionales de la Sede Puerto Montt que tendrían relación de parentesco en primer grado con autoridades unipersonales de la Universidad Austral de Chile, a saber, la Sra. Reni Montt, psicóloga, hija del Presidente del Directorio, don Carlos Montt y la Srta. Paula Bueno, fonoaudióloga, hija del ex Contralor, Sr. Manuel Bueno.

“En este sentido, considerando las irregularidades detectadas, debiese haberse hecho responsable de estas irregularidades al Sr. Renato Westermeier, por la ser la autoridad que solicitó y aprobó ambas contrataciones, y así él lo declaró; decidiendo realizar contrataciones directas, sin concurso, sin que se realizase proceso de evaluación psicolaboral y, para el caso de la Srta. Bueno, con adscripción a escalafón profesional y no docente. Sin perjuicio de ello, el Sr. Westermeier ya no tiene vínculo laboral con la Universidad, tras haberse acogido a retiro a contar del 01 de marzo de 2020, por lo que no puede ser sujeto de investigación mediante el Reglamento de Investigaciones Internas de conformidad a lo dispuesto en el artículo primero”, expresa el documento.

VII. Contralor Presupuestario:

En el penúltimo punto sobre Contralor Presupuestario el informe de la investigación expone lo siguiente:

“Dado que el documento hace referencia una veintena de veces a la Sra. Zita Muñoz, en la mayoría de las cuales se alude a las grandes sumas de dinero administradas por esta trabajadora de la Corporación, consideramos necesario hacernos cargo de las imputaciones e insinuaciones que constan en la denuncia”.

Más adelante detalla que “primeramente, no es efectivo que la Sra. Muñoz sea la coordinadora financiera del proyecto de mejoramiento del Jardín Botánico, pues como se indicó, en este proyecto se encuentra colaborando directamente la Jefa de la Oficina de Gestión de Proyectos Institucionales, Srta. Mónica Pradenas, se trata de un proyecto que aún no ha sido presentado a los cuerpos colegiados de la Universidad y, que si bien en 2018 se habló de un presupuesto de $300.000.000.-, ello no es definitivo y no consta en el presupuesto anual”.

“En este sentido, tampoco es efectivo que, al menos en el caso del Proyecto Jardín Botánico reciba subvenciones permanentes de códigos presupuestarios de la administración central, pues, en primer término, el Proyecto de Mantenimiento del Jardín Botánico fue un proyecto a corto plazo, que buscaba mejorar las condiciones no solo del Jardín Botánico, sino que también del Jardín Kate Taylor y así, poner en valor estos espacios, por lo tanto, no se relaciona con el Proyecto de Desarrollo del Jardín Botánico, encabezado por el Dr. Mylthon Jiménez y, en segundo término, el Proyecto de Desarrollo ha sido impulsado desde la administración central como una inversión efectiva en unidades académicas, no se trata de un proyecto financiado a través de entes externos a la Corporación, por lo que, de aprobarse no se trataría de subvenciones permanentes de la administración central, sino que, lisa y llamante, del financiamiento del Proyecto”, agrega.

Luego se explica que “tampoco es efectivo que la Sra. Muñoz sea la persona encargada de la agenda de comunicaciones de la UACh, pues esa labor la realiza el Director de Relaciones Públicas, el Sr. Luis Sánchez, particularmente a través del área de prensa y medios”.

Más adelante se detalla que “con respecto a la mención en particular sobre la participación de la Sra. Muñoz en el Proyecto MECESUP adjudicado y administrado por la Administración Central (código AUS 1795), se hace presente que, se revisó la información presupuestaria de dicho Proyecto, al que no existe ningún pago asociado a la Sra. Zita Muñoz, quien por lo demás tampoco es la responsable del mismo”.

Finalmente, sobre este ítem el documento dice que “en relación a la contratación de familiares, solo queda referirnos a su prima, pues todos los demás casos, fueron explicados en el punto referido al Programa PACE”.

Sobre lo anterior se asegura que “primero indicar, que a la profesional a la que hace referencia la denuncia, no es Ingeniera en Administración de Empresas de la Universidad, pues, esa carrera no es impartida en nuestra Casa de Estudios y, como segundo punto, aclarar que se trata de una profesional, (Ingeniera Comercial) mantiene un contrato de trabajo a plazo fijo con la Universidad, cuya vigencia se extiende, en principio hasta el 28 de enero de 2021, por lo que los pagos que realiza la Universidad a esta profesional, tienen el carácter de remuneración y no de aporte”.

VIII.  Denuncias ante la Comisión para la intervención en situaciones de acoso, violencia y discriminación en la comunidad universitaria:

Finalmente, sobre el ítem de denuncias ante la Comisión para la intervención en situaciones de acoso, violencia y discriminación en la comunidad universitaria se detalla lo siguiente:

“Dentro de la denuncia presentada por la Sra. Claudia Letelier se hace alusión a situaciones de conflictos que califica como “acoso laboral” y “maltrato laboral” que habría ejercido el Sr. Cesar Pino en contra del Sr. Ricardo Leal; y la Sra. Zita Muñoz dentro de la Unidad de Responsabilidad Social”.

“Considerando que la materia denunciada no es de competencia de esta Contraloría sino que es propia del Reglamento para Intervención en situaciones de acoso, violencia o discriminación al interior de la Comunidad Universitaria y atendido el carácter de confidencial de dichas
investigaciones, nos limitaremos a señalar que recabada la información pertinente, se informó por parte de la Comisión AVD de la Comunidad Universitaria a la Fiscalía que en el caso del Sr. Pino y el Sr. Leal no se admitió a tramitación la denuncia y que para el caso de la Unidad de Responsabilidad Social, existió una autodenuncia (realizada por la Sra. Muñoz Jerez) que tampoco fue admitida a tramitación, pudiéndose así constatar que no existe necesidad de remitir ningún tipo de antecedente al órgano competente pues éste ya ha emitido pronunciamiento de conformidad al procedimiento establecido”.

Finalmente, el informe emanado por la Contraloría Interna de la UACh detalla que “se hace presente que considerando todas las temáticas abordadas por la presente investigación esta Contraloría revisó todos los delitos que pueden implicar una eventual responsabilidad de las personas jurídicas de conformidad a lo dispuesto en la Ley N°20.393 y su posterior reforma mediante Ley N°21.121, poniendo especial énfasis en revisar los tipos penales de negociación incompatible, administración desleal y corrupción entre particulares sin que se encontrare ninguna evidencia que permita sostener que algún integrante de la corporación o de sus cuerpos colegiados haya incurrido en alguna de éstas prácticas, no considerándose pertinente, en consecuencia, recomendar la realización de alguna denuncia”.

Respecto a este tema, el Prorrector de la UACh, Rodrigo Browne, detalló que el documento se refiere a un informe que emitió la Contraloría sobre el estado de la investigación solicitada por el Sr. Rector con fecha 04 de junio. Asimismo, agregó que la Contraloría es un órgano autónomo, por lo que cualquier consulta sobre su contenido debe ser dirigida directamente a dicha entidad.

Respecto a la publicación realizada por una trabajadora de la Universidad, la autoridad universitaria expresó que, en respeto a los derechos laborales, no le corresponde referirse a dicho tema.

Auditoría externa

Adicionalmente, respecto a este tema el Consejo Académico de la UACh emitió un comunicado que expresa lo siguiente:

El Consejo Académico de la Universidad Austral de Chile informa a la Comunidad Universitaria los siguientes acuerdos adoptados en sesión extraordinaria realizada el día de hoy, convocada para discutir sobre el proceso de observaciones y de difusión del informe de auditoría externa:

1) De acuerdo a lo dispuesto en el contrato suscrito con la empresa auditora Crowe, se acordó otorgar un plazo hasta el miércoles 16 de diciembre, para que las y los integrantes del Consejo Académico, en conjunto con las y los colaboradores que éstos designen, hagan llegar sus observaciones, consultas y comentarios sobre el informe antes referido a la Comisión de Auditoría Externa, para que ésta los transmita a la empresa. En esta etapa preliminar, se mantendrá el principio de confidencialidad de la información, hasta la difusión del informe definitivo.  

2) Una vez que la empresa aclare y conteste las observaciones, consultas o comentarios, la Comisión de Auditoría Externa emitirá una certificación de conformidad, oportunidad a partir de la cual el informe de auditoría externa será difundido a la Comunidad Universitaria.  

3) Con independencia de lo anterior, el Consejo Académico acordó una modificación del alcance del servicio de auditoría para la realización de un informe complementario sobre un aspecto específico de los términos de referencia. 

Hacemos un llamado a nuestra Comunidad Universitaria a confiar en los procedimientos que este Consejo Académico ha acordado previamente, que se llevan a cabo conforme a lo previsto, con miras a garantizar la estabilidad institucional, la gobernanza y la transparencia. 

NOTA DEL EDITOR: Este artículo fue sometido a una actualización posterior a su publicación, con el objetivo de precisar que el informe al que se hace alusión, contiene información preliminar de la investigación interna.

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