Gatica divide a RN al exigir salida de Rabat por rebajas de condenas por abuso sexual de menores

Las diferencias al interior de Renovación Nacional (RN) se profundizaron tras los cuestionamientos de la Senadora por Los Ríos María José Gatica al Ministro de Justicia, Fernando Rabat. Mientras la parlamentaria ha pedido que deje su cargo, el jefe de bancada, Diego Schalper, llamó a esperar los descargos del secretario de Estado antes de emitir un juicio definitivo.

La continuidad del ministro de Justicia, Fernando Rabat, abrió un nuevo flanco de tensión al interior de Renovación Nacional (RN), luego de que la Senadora María José Gatica exigiera asumir responsabilidades políticas por las rebajas de condenas concedidas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

La postura de la parlamentaria ha generado diferencias dentro de la colectividad, en medio del respaldo que el Presidente José Antonio Kast ha entregado al secretario de Estado. El conflicto también tuvo repercusiones en la estructura interna del partido, luego de que el Senador Andrés Longton renunciara a la subjefatura de la bancada.

En este escenario, el jefe de bancada de RN, Diego Schalper, se refirió a la controversia y sostuvo que, si bien considera que Rabat cometió un error político, corresponde darle la oportunidad de explicar su actuación antes de adoptar una definición sobre su continuidad.

“Yo le pido a los colegas, y entendiendo y empatizando con los muchos mensajes que todos hemos recibido, démosle la oportunidad al ministro Rabat, de aquí, que es la casa de la democracia, poder hacer sus descargos antes de emitir cualquier juicio”, dijo.

• Diferencias dentro del oficialismo

La posición de Schalper contrasta con la de Gatica, quien ha cuestionado la gestión política de la crisis y ha planteado que el ministro debe asumir el costo de las decisiones adoptadas por su cartera.

La senadora ha manifestado que esperaba que Rabat diera un paso al costado para evitar que la responsabilidad recayera completamente en el Presidente de la República.

La controversia se originó tras conocerse la concesión de rebajas de condenas a 56 personas sentenciadas por abusos sexuales y violaciones contra niños, niñas y adolescentes, además de otras tres personas condenadas por delitos distintos. El caso ha generado cuestionamientos políticos y abrió el debate sobre la responsabilidad del Ministerio de Justicia y los mecanismos para revisar los beneficios concedidos.