Martes 15 de julio de 2025 |
Publicado a las
11:12 | Actualizado a las 11:12
Corte de Valdivia ordena al Estado pagar $280 millones por caso de detenido desaparecido
Corte de Valdivia ordena al Estado pagar $280 millones por caso de detenido desaparecido


El tribunal de alzada reconoció el sufrimiento causado por la detención y desaparición de José Ligorio Neicul Paisil a manos de agentes del Estado, y ordenó al fisco pagar $280 millones a su esposa e hijos por daño moral.
Han pasado más de cinco décadas desde que José Ligorio Neicul Paisil, exregidor de la comuna de Entre Lagos, fue detenido en su hogar por funcionarios de Carabineros. Era el 16 de septiembre de 1973, y desde entonces, su familia no volvió a saber de él. Su desaparición marcó el inicio de un largo camino de dolor, búsqueda y ausencia, que hoy recibió un nuevo reconocimiento judicial.
La Corte de Apelaciones de Valdivia resolvió aumentar la indemnización que el Estado deberá pagar a la esposa e hijos de Neicul Paisil por el daño moral provocado por su detención y desaparición forzada, ocurrida durante los primeros días del golpe militar. El monto total fue fijado en $280.000.000, en un fallo unánime de la Primera Sala del tribunal de alzada.
El tribunal, integrado por los ministros Samuel Muñoz Weisz, María Soledad Piñeiro Fuenzalida y Rodrigo Schnettler Carvajal, confirmó la sentencia dictada en noviembre de 2024 por el Primer Juzgado Civil de Valdivia, pero con la declaración de un aumento en las sumas otorgadas a cada miembro de la familia.
De acuerdo al fallo, la esposa del exregidor, Ángela Ñancucheo Ancapichún, recibirá una indemnización de $80.000.000, mientras que sus hijos Carlos, Elisa, Ana Patricia y Marisa Neicul Ñancucheo recibirán $50.000.000 cada uno.
El tribunal valoró los informes psicológicos y otros antecedentes probatorios entregados durante el proceso, los que permitieron acreditar el profundo sufrimiento causado por la desaparición del padre y esposo, en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado.
“La existencia y entidad del daño moral quedó acreditada”, sostuvo el fallo. “El sufrimiento de los actores, causado por la detención y desaparición de su cónyuge y padre, debe ser indemnizado considerando los antecedentes probatorios y el contexto institucional de la época”.
Esta resolución se suma a otros fallos que, aunque tardíos, han intentado reparar –al menos en parte– el daño causado a víctimas de la dictadura y sus familias. Un gesto de justicia en medio de una historia marcada por la ausencia.