Corte acoge recurso por funcionaria de las FF.AA tras denunciar violación de un superior en Valdivia

La Corte de Apelaciones de Valdivia, resolvió acoger un recurso de protección presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en favor de una funcionaria de la Armada de Chile.

La mujer fue sancionada disciplinariamente tras denunciar una violación cometida por un superior directo, una situación que el tribunal resolvió al establecer que las prácticas institucionales constituyeron “violencia y discriminación de género” contra la víctima.

Los hechos que motivaron la acción judicial se remontan a la madrugada del 8 de noviembre de 2022, cuando la funcionaria denunció que un superior directo la llevó a su casa desde un evento institucional, y la agredió sexualmente, luego de una ceremonia de ascensos realizada en el local El Ancla.

Posteriormente, la víctima en diciembre de ese mismo año presentó una denuncia siguiendo el conducto regular institucional, en la que informaba que un superior directo la llevó a su casa desde el evento, lugar en el que la agredió.

Sin embargo, en un proceso cuestionado por la Corte, el sumario interno de la Armada dirigió la indagatoria contra la propia víctima, acusándola inicialmente de “abuso de confianza” e imponiéndole una sanción. En 2023, y luego del reclamo de la funcionaria, se bajó la sanción, a una falta disciplinaria leve. Después de otro reclamo, finalmente la jefatura de Estado Mayor de la Armada resolvió dejar sin efecto la sanción “por no encontrarse los hechos acreditados”.

• Fallo de la Corte de Apelaciones

El fallo del tribunal fue enfático al sostener que las medidas disciplinarias permitieron “facilitar y promover conductas de transgresión” al traspasar responsabilidades a la afectada por faltar a sus deberes de respeto a un superior, siendo este el denunciado por un delito sexual.

Además, la Corte definió que la Armada de Chile le dio a la denunciante “un tratamiento discriminatorio, al extremo de habérsele inferido violencia institucional por su género con ocasión del procedimiento administrativo sancionatorio al que dio lugar la denuncia en que manifestaba haber sido violada”.

También estableció que la institución había ejercido discriminación por razón de género, puesto que “se estimó que (la funcionaria) no merecía el estatus de víctima, según el rol que se le asigna a la mujer en la institución y las prohibiciones y mandatos con los que éste se afianza (…) Se presenta este fenómeno en un entorno en que se desarrolla la función pública, que deja expuestos serios obstáculos a la integración de la mujer a las filas de la Armada de Chile, por la tolerancia de rituales, apadrinamientos, comentarios y bromas (según constan en el proceso por parte del agresor al ‘elegir’ a quien apadrinaría por características físicas), y violencia sexual”.

La Jefa Regional del INDH Los Ríos, Constanza Montt, declaró que este es un “precedente histórico” porque “por primera vez una Corte reconoce de forma explícita que prácticas institucionales toleradas por la Armada de Chile constituyen violencia de género y que las investigaciones disciplinarias pueden operar con sesgos estructurales que revictimizan a las denunciantes. La decisión obliga a modificar reglamentos, protocolos y formas de ejercer el poder, marcando un estándar que impactará a todas las instituciones del país”.

• Ordenes de la Corte

El fallo ordena medidas de reparación a la víctima (suprimir todo registro disciplinario y limitaciones funcionales) y, fundamentalmente, medidas de cambio estructural a nivel institucional.

La institución debe implementar medidas orientadoras y formativas en colaboración con el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, la Mesa de Inclusión y la Delegada de Género. El objetivo es identificar ámbitos que propicien el acoso sexual, la discriminación, la desigualdad o la violencia de género, y definir estrategias de intervención pública.

Además, la Armada debe impulsar acciones afirmativas para garantizar la participación plena de las mujeres en igualdad de condiciones al interior de la institución.

A nivel normativo, el Ministerio de Defensa tiene la obligación de revisar el Reglamento de Disciplina de la Armada de Chile en un plazo de seis meses. Esta revisión debe asegurar la adecuación a las leyes 21.675 y 21.643, centrándose especialmente en las relaciones jerárquicas, prácticas de interacción, discriminación y violencia de género.

Las modificaciones pertinentes deberán ser incorporadas y materializadas mediante la dictación del respectivo Decreto Supremo. Finalmente, la Corte instruyó que los antecedentes del caso sean puestos en conocimiento de la Contraloría General de la República.