Asociación Wadalafken denuncia falta de diálogo y compromisos ante recorte del ECMPO en Los Ríos

Asociación Wadalafken denuncia falta de diálogo y compromisos ante recorte del ECMPO en Los Ríos

Asociación Wadalafken denuncia falta de diálogo y compromisos ante recorte del ECMPO en Los Ríos
Borde costero | Asociación Wadalken
Asociación Wadalafken denuncia falta de diálogo y compromisos ante recorte del ECMPO en Los Ríos
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Publicado por: Emanuel Gutiérrez

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Tras presentar su reclamación ante el Comité Técnico de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero (CRUBC) de Los Ríos, la Asociación de Comunidades Indígenas Wadalafken acusa falta de dialogo y compromiso por parte de las autoridades.

La sesión técnica se realizó en el marco del proceso de evaluación de la reclamación interpuesta el 15 de julio por las comunidades de la Asociación Wadalafken, que busca dejar sin efecto parte de la Resolución Exenta 238 de mayo de 2025 de la CRUBC, que redujo a un 3% el Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios (ECMPO) solicitado.

En ese contexto, el abogado Felipe Guerra, representante de las comunidades explicó que “la resolución se basa en informes de organismos como SERNAPESCA y SUBPESCA que citan normas derogadas —el artículo 9 de la Ley General de Pesca— o normas inexistentes, lo que evidencia una fundamentación técnica y jurídica completamente deficiente para justificar la exclusión del 97% del territorio solicitado”.

Otro de los argumentos expuestos fue el sostenimiento de la incompatibilidad entre la pesca artesanal y los espacios costeros, pero la misma CRUBC Los Ríos en su resolución exenta 1.608 del 16 de noviembre de 2023, indica en el caso del ECMPO Misisipi que, no existe tal conflicto. Lo anterior, fue ratificado por el Ministerio del Interior a través del oficio Nº 31.364.

Por otro lado, desde las comunidades se invocó el acuerdo firmado el pasado 20 de mayo entre el Gobernador Regional Luis Cuvertino, y representes lafkenche, que establece seis compromisos para asegurar la igualdad de condiciones, la transparencia y el acceso a la información en el proceso. En ese sentido, manifestaron la falta de diálogo efectivo y la imposición de la modalidad virtual que son parte de prácticas de racismo institucional.

“No se están dando las condiciones de diálogo, no se están cumpliendo los compromisos, no se están generando las instancias reales, se están generando trabas hacia las comunidades. Hemos pedido por todas las instancias para poder llegar a un buen acuerdo. Esperamos que se abran las instancias y las autoridades realmente cumplan sus compromisos”, expresó la guillatufe, Daniela Ñanco.

Según lo dado a conocer por las propias comunidades, la abogada del Gobierno Regional argumentó en la jornada del 31 de julio que, la decisión se funda en la falta de condiciones por incidentes posteriores a la sesión del 20 de mayo, que generó denuncias y solicitudes de servicios públicos que participan de la Comisión.

En otra posición, Guerra, expresó que “resulta preocupante que la abogada del Gobierno Regional haya invocado argumentos como supuestas ‘amenazas’ para justificar la virtualidad, sin aportar antecedentes concretos y sin abrir espacios de diálogo con las comunidades. Esa postura, lejos de proteger el procedimiento, profundiza el clima de desconfianza y vulnera la promesa de un proceso transparente y respetuoso”.

El coordinador de la Asociación de Comunidades Wadalafken, Sergio Quinan, se refirió a las condiciones actuales y el avance de los plazos que establece el reglamento de la CRUBC para resolver la reclamación. “Hay que asumir responsabilidades, nosotros asumimos la nuestra, pero también lo deben hacer los servicios públicos. Cuando no hay un trabajo transparente que se apegue a principios básicos de respeto, ya que se vulneraron los derechos de las comunidades, nos recuerda a situaciones históricas. El Estado no debe hacerse la víctima en este proceso”.

  • Asegurar la participación y los derechos indígenas

En el acuerdo del 20 de mayo se estableció el compromiso de implementar un calendario del proceso en la primera reunión del Comité Técnico que trataría la reclamación. Se comprometieron al menos dos reuniones en los territorios de Corral y La Unión para facilitar la asistencia de los representantes lafkenche, condiciones que según los representantes de las comunidades no se han cumplido.

En las condiciones actuales, Sergio Quinan, explicó que “lo único que podría cambiar esta situación, así como va es que se acceda a una ampliación de plazo, porque dado el tiempo que queda veo imposible llegar a conversar y resolver los puntos que hay que aclarar. Dentro de los errores que vimos en el proceso anterior fue la falta de conocimiento y poco manejo sobre lo qué es un ECMPO de parte de los servicios técnicos. Es una falta de conocimiento grave”.

El 31 de julio las comunidades solicitaron una ampliación de los plazos para la evaluación de la reclamación que, originalmente constaba de 30 días, invocando la Ley Lafkenche y la Ley Base sobre Procedimientos Administrativos 19.880. La finalidad es contar con tiempos adecuados para sostener reuniones y sesiones de trabajo con diferentes actores en el marco de un diálogo previo, libre e informado como establece el Convenio de 169 de la OIT

Al respecto, el gobernador quien lidera la CRUBC informó que “se encuentra en análisis la solicitud presentada por las comunidades para ampliar el plazo legal de un mes que contempla la Ley Lafkenche para resolver el recurso. Esta solicitud será evaluada y resuelta en la sesión del próximo 7 de agosto, conforme a las atribuciones de la CRUBC”.

Por otra parte, desde las comunidades exponen que al ser consultado sobre el respeto a los derechos de los pueblos indígenas afirmó que mantiene su compromiso y argumentó que “es importante manifestar que el reglamento interno de la CRUBC contempla la realización de sesiones en modalidad virtual, modalidad que ya ha sido utilizada en otros procedimientos similares, como el recurso de reposición interpuesto anteriormente por Celulosa Arauco y Constitución S.A.”.

Sin embargo, las comunidades lafkenches, por su parte, consideran que el procedimiento que enfrentan hoy representa un enfoque completamente distinto en términos de derechos y la protección del maritorio, ya que no es comparable a las iniciativas desarrolladas por empresas o actores sectoriales.

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