Del Royalty al territorio: Una nueva generación de inversión regional

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La implementación del Royalty Minero ha instalado en Chile una discusión que trasciende ampliamente a la propia minería, puesto que incorpora un principio particularmente relevante: parte de los recursos generados por esta actividad retorna a los territorios y permite fortalecer las capacidades de las regiones.

Se trata de un avance importante en materia de descentralización fiscal, sin embargo, después de sus primeros años de implementación, también resulta razonable observar la experiencia y preguntarnos qué aspectos podríamos perfeccionar.

Un primer desafío aparece en los recursos destinados a los municipios, uno de los atributos destacados originalmente fue entregar mayores grados de autonomía a los gobiernos locales para responder a las necesidades de sus comunas. Esa autonomía es valiosa, pero ¿puede hoy un ciudadano identificar con claridad qué mejora concreta en su calidad de vida fue posible gracias a los nuevos recursos del Royalty?

Existen mecanismos de información y rendición de estos fondos, pero aquello es distinto de vincular los recursos a objetivos y resultados territoriales claramente identificables. Una próxima etapa podría avanzar, hacia una mayor trazabilidad ciudadana: no solamente conocer cuánto recibió cada municipio y en qué utilizó esos recursos, sino también qué resultados produjo esa inversión.

Un segundo desafío se presenta a nivel regional. Los recursos que reciben los Gobiernos Regionales a través del Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo (FRPD) representan una oportunidad relevante, porque están orientados a fortalecer ámbitos vinculados al desarrollo productivo, la ciencia, la tecnología y la innovación. Pero para que esa promesa se materialice se requiere capacidad institucional y, especialmente, oportunidad en su ejecución.

Aquí aparece una primera enseñanza, tan relevante como descentralizar es desarrollar capacidades institucionales, por ello, la discusión sobre una segunda etapa del Royalty no debiera centrarse solo en cuánto se recauda, sino también en la calidad, oportunidad y trazabilidad de la inversión. Es precisamente allí donde aparece una oportunidad para vincular estos nuevos instrumentos a los desafíos regionales, por ejemplo, el Capital Natural y la Infraestructura Verde.

Parques urbanos, humedales, bosques, riberas, corredores ecológicos, áreas de infiltración suelen ser considerados desde una perspectiva ambiental, sin embargo, cumplen también funciones económicas y urbanas concretas: reducen inundaciones, regulan temperaturas, capturan carbono, mejoran calidad del aire, protegen la biodiversidad y generan espacios que contribuyen directamente a la calidad de vida, son, por tanto, infraestructura.

Reconocerlo requiere avanzar el al menos tres ámbitos: primero, desarrollar instrumentos económicos y territoriales capaces de financiar este tipo de inversiones, segundo, modernizar la forma en que evaluamos las inversiones públicas, y tercero, hacer visible la relación entre los recursos públicos y sus resultados.

La ciudadanía debería poder identificar qué transformación territorial produjo una determinada inversión: cuánto costó recuperar un humedal, qué superficie fue protegida, cuánto disminuyó determinado riesgo, cuántas personas fueron beneficiadas o qué nuevos espacios públicos fueron generados. Esa trazabilidad puede fortalecer considerablemente la legitimidad de la inversión pública.

Para que estos tres elementos funcionen se necesita una institucionalidad capaz de articularlos, y allí los Gobiernos Regionales deberían desempeñar un papel fundamental, su creciente capacidad de inversión permite pensar en un rol más estratégico, identificar desafíos territoriales, generar conocimiento, construir carteras regionales de inversión, articular municipios, universidades, empresas y comunidades, movilizar distintas fuentes de financiamiento y evaluar posteriormente sus resultados.

Los GORE poseen una ventaja fundamental para asumir este desafío, su alcance regional permite planificar estos sistemas y coordinar inversiones que difícilmente podrían desarrollarse exclusivamente desde cada municipio.

La experiencia del Royalty permite entonces plantear una discusión mayor, la descentralización no consiste solamente en transferir recursos desde el nivel central, significa desarrollar capacidades regionales para decidir estratégicamente dónde invertir, generar instrumentos, articular actores, ejecutar oportunamente y demostrar resultados. Quizás una próxima etapa de la descentralización chilena deba avanzar precisamente en esa dirección: distribuir territorialmente, planificar regionalmente, invertir estratégicamente y evaluar integralmente.