Osorno nos enseña a mirar a tiempo en Los Ríos

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En los últimos días un caso en el Hospital Base de Osorno ha sacudido al país. Se dieron a conocer denuncias de brutales agresiones en contra de un trabajador ocurridas entre 2018 y 2020. Hay un procedimiento penal en curso, cuatro personas fueron formalizadas por tortura reiterada y el tribunal ya decretó medidas cautelares en contra de los imputados. Sin entrar en detalles que aún se están investigando, me gustaría enfocarme en lo que este caso nos enseña a quienes vivimos y trabajamos en Los Ríos.

¿Por qué es importante mirar esto desde Valdivia, La Unión o Paillaco? Porque somos parte de la misma red de salud. Compartimos equipos de trabajo, y muchas veces, hasta la misma cultura organizacional. Cuando algo así ocurre tan cerca, debemos preguntarnos cómo estamos nosotros por dentro. Es un buen momento para ver si los canales de denuncia realmente funcionan, si las jefaturas están escuchando y si las señales de alerta se están tomando en serio.

Se ha hablado mucho sobre el diagnóstico de la víctima. La familia fue clara al decir que no es autista. Más allá de esa precisión, lo crucial es recordar que detrás de cualquier diagnóstico o condición, hay una persona. Nadie, en ningún lugar de trabajo, debería ser humillado o maltratado.

Aquí resulta vital incorporar la necesidad del control social sano. No se trata de apuntar con el dedo o de hacer justicia por nuestra cuenta. Se trata de esa vigilancia que surge entre colegas, de cuidar el ambiente de trabajo. Es ese acto de notar cuando una broma deja de serlo, de acompañar a quien lo está pasando mal y, si es necesario, de activar los canales administrativos correctos y los protocolos existentes en materia de clima laboral. No hace falta ser amigo de alguien para sentir empatía por su sufrimiento. A veces basta con no mirar hacia otro lado.

Desde lo estrictamente jurídico-penal, conviene tener plena claridad que estos hechos no han prescrito. El delito de tortura, conforme a nuestra legislación tiene un plazo de prescripción de 10 años. Si los primeros episodios ocurrieron en 2018, el plazo se extiende hasta 2028. Muchos pensaron que el delito ya estaba prescrito, creyendo que se trataba solo de «lesiones», pero no es así. La formalización fue por tortura, lo que en palabras sencillas se traduce en infligir dolor físico o psicológico de manera intencional, por parte de funcionarios públicos, para castigar, intimidar u obligar a alguien. Al ser un crimen, la prescripción es de 10 años. Esto no garantiza un resultado, pero sí asegura que hay un camino legal para investigar y juzgar.

El caso de Osorno es de extrema gravedad y debe servir como una invitación a la reflexión, a mirarse a tiempo con respeto, actuar con calma y, sobre todo, cuidar la confianza que sostiene a nuestras organizaciones. Este tipo de eventos nos obliga a reforzar los cimientos de la ética y la humanidad en cada espacio de trabajo, garantizando que el bienestar y la dignidad de cada persona sean el pilar fundamental de cualquier institución. Solo así podremos construir un entorno laboral seguro, donde la empatía y la responsabilidad colectiva impidan que atrocidades como estas vuelvan a ocurrir.