“Una burla”: Recién en 4 años más habilitarían en Los Ríos el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia

La promulgación de la ley que crea el Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas de Delitos que fue promulgada este miércoles por el Presidente de La República, Gabriel Boric, comenzaría a operar recién en 2029 en Los Ríos, según el cronograma del programa.

Aunque el fondo de la ley es celebrado como un hito, el calendario de implementación desató una dura crítica por parte de algunos parlamentarios de Los Ríos, ya que la región deberá esperar 48 meses para recién contar con el servicio.

La ley establece una aplicación gradual que prioriza la zona norte y central, dejando a la macrozona sur (de Ñuble a Aysén) para la etapa final, dónde recién comenzaría a implementarse en 2029.

El Senador Iván Flores (DC) y el Diputado Gastón Von Mühlenborck (UDI) fueron los más críticos, acusando una postergación injustificada de la justicia para la zona sur.

Flores calificó la decisión como un agravio directo a la región, asegurando que “para variar, la postergación de las regiones. Cuando se anuncia con bombo y platillo que la Defensoría de las Víctimas va a entrar en vigencia y ahora se promulga la ley, resulta que la Región de Los Ríos va a entrar en régimen en cuatro años más. A mí me parece, de verdad, una burla y una falta de respeto a las regiones, de verdad. Nosotros somos parte de la macrozona sur y por lo tanto, deberíamos tener un inicio de inmediato en la Defensoría de las Víctimas y ahora resulta ser que no es así”.

En tanto, Von Mühlenborck , aunque celebró que la ley corrija la desigualdad de que las víctimas no tuvieran abogado gratuito, consideró que los plazos de instalación son “excesivos” para regiones alejadas. “Con esta nueva ley, en cambio, los chilenos, en especial los que no tienen los medios para contratar una defensa particular, no volverán a estar solas frente a los delitos que los afecten, lo que es un avance trascendental a propósito de la grave crisis de seguridad que estamos viviendo y la constante alza de la delincuencia en Chile”, dijo.

Además, anunció que agotará todas las instancias para revertir el calendario, manifestando que “nos parece que los plazos de instalación en regiones alejadas a la capital es algo excesivo, por lo que pediremos que se adelanten los plazos para que la defensoría de las Víctimas empiece a funcionar a la brevedad en nuestra región de Los Ríos y agotaremos todas las instancias para lograr aquello”.

Los demás legisladores de la región se centraron en destacar el valor del proyecto, sin criticar abiertamente el calendario.

El Senador Alfonso De Urresti (PS) y el Diputado Marcos Ilabaca (PS) celebraron la ley como un “esfuerzo transversal” y un avance “absolutamente urgente y necesario” para modernizar la asistencia judicial y saldar la deuda de la defensa de víctimas en el país.

Por su parte, Ilabaca, precisó que “esto nos va a permitir también en la región y en todo Chile tener una mejor institucionalidad para abordar situaciones de requerimiento de acceso a la justicia para defensa, para acompañamiento, pero también de protección de las víctimas”.

Mientras, que Ilabaca, destacó que “hoy día con esta ley en particular logramos avanzar en ambos frentes. Uno, una entrega de acceso universal a la justicia con una institucionalidad nueva, moderna que esperamos de solución a los requerimientos de justicia a nivel nacional y dos, una defensoría de víctimas”.

El Diputado Bernardo Berger (RN) reconoció la espera de 4 años, pero optó por un enfoque pragmático. “Por supuesto que me hubiera gustado que nuestra región hubiera sido una de las primeras en el calendario de instalación, pero la mayoría en el Congreso definió que fuese en orden de norte a sur”, manifestó.

“Prefiero tomar esto desde lo positivo: la experiencia de la instalación en el norte nos ayudará a poder detectar cualquier problema, y estar preparados para que cuando nos toque, sea de manera eficiente y fluida, para atender a las necesidades de nuestros vecinos de la región”, concluyó Berger.

En tanto, desde el Gobierno, el Ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, expresó que “la naturaleza y objetivos del servicio y en particular de la defensoría de las víctimas permite la unificación del sistema de atención que tiene en la actualidad el Estado dispersa en distintas instituciones”.

• ¿Cómo Funcionará el Nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia?

El nuevo servicio público descentralizado consolidará la asistencia judicial y la atención a víctimas a nivel nacional, transformando varias entidades dispersas del Estado.

Unificación institucional: La ley transforma las cuatro Corporaciones de Asistencia Judicial, el Programa de Atención a Víctimas y el Sistema de Mediación Familiar Licitada en un único servicio público nacional.

Defensoría de víctimas: Se crea específicamente la Defensoría de Víctimas de Delitos, cuyo objetivo es entregar atención integral (jurídica y psicosocial) y representación legal gratuita a las víctimas, especialmente las de delitos violentos.

Cobertura nacional y remota: El servicio tendrá 16 direcciones regionales y establecerá centros de atención en cada comuna o agrupación de comunas donde existan tribunales de justicia, complementado con medios remotos para asegurar cobertura permanente.

Resolución colaborativa: Promoverá la resolución de conflictos fuera de tribunales, incluyendo la mediación familiar obligatoria.

Atención especializada: Se garantizará asistencia jurídica especializada para diversos grupos vulnerables, como niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, y en ámbitos como defensa laboral y derechos humanos.

El nuevo servicio comenzará su instalación formal a partir del quinto mes de publicada la ley, pero el despliegue regional se hará de forma escalonada.

Las primeras regiones en iniciar la operación del nuevo servicio serán las de la Macrozona Norte (Arica a Valparaíso) a los 18 meses de publicada la ley.

Les seguirá, a los 30 meses, la Zona Central, incluyendo la Región Metropolitana y Magallanes. Finalmente, la Región de Los Ríos deberá esperar hasta la etapa 3, a los 48 meses de publicada la ley, cuando inicie la nueva institucionalidad en toda la Macrozona Sur (desde Ñuble a Aysén), periodo durante el cual se mantendrá el antiguo sistema.