Transparencia y confianza, un desafío para las autoridades locales

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Hablar de corrupción nunca es algo sencillo. Este concepto en sentido amplio se escapa de lo estrictamente institucional y es también un fenómeno humano que mezcla decisiones personales, falencias estructurales y, muchas veces, un cálculo frío de costo/beneficio por parte de quienes deciden transgredir la delgada línea que separa al virtuoso del deshonesto.

La raíz latina de la palabra, corrupto , proviene de con- (junto) y rumpere (romper). Su sentido original es claro, “romper algo entre dos”, es decir, un pacto que quiebra lo que debía mantenerse íntegro. Es la ruptura de lo público, en consecuencia, la destrucción de aquello que a todos nos pertenece.

En Chile, la magnitud del problema quedó expuesta en los informes de la Contraloría General de la República. Entre abril de 2024 y marzo de 2025 se detectaron irregularidades por más de $1,5 billones, lo que según el propio ente fiscalizador, resulta equivalente a la mitad del presupuesto del Ministerio del Interior y Seguridad Pública para el año 2025, y supera por completo los fondos de carteras como el Ministerio de la Mujer, el de las Culturas y el de Medioambiente. De esta enorme cifra, $303 mil millones corresponden a irregularidades pesquisadas dentro de las Municipalidades y de los Gobiernos Regionales.

No son solo números, son indicios claros de debilidad en los sistemas de auditoría que abren espacio a errores administrativos, negligencias y, en algunos casos, a delitos. En Los Ríos hemos sido testigos de cómo esas falencias se transforman en hechos concretos. La Contraloría reveló más de $16 mil millones de pesos sin rendir en el Gobierno Regional, además del uso irregular de vehículos fiscales para actividades personales y de campaña. Si bien desde el GORE se ha intentado justificar razonablemente tal situación, lo cierto es que la ciudadanía exige cada vez con más fuerza que los estándares de rendición de cuentas y de control interno sean fortalecidos, y que cada peso gastado obedezca a una necesidad real, no a un negocio de unos pocos.

Casos judiciales como la venta de madera proveniente de un predio fiscal por parte de un exfuncionario del Gobierno Regional de Los Ríos, o la tramitación de proyectos culturales con documentos falsos para acceder a recursos provenientes de la misma entidad, tal como se ha conocido en los medios de prensa local, muestran que no hablamos únicamente de malas prácticas administrativas, sino también de conductas que cruzan la línea de lo legal y claramente se transforman en delictuales.

Ahora bien, todo lo dicho no se limita únicamente a la comuna de Valdivia ni al Gobierno Regional. En Río Bueno, la Fiscalía investiga a la máxima autoridad edilicia por presuntos delitos de cohecho, fraude al fisco y malversación de caudales públicos. Paralelamente, se ha denunciado irregularidades en permisos municipales y se habla públicamente de más de 17 causas abiertas por posibles hechos de corrupción, con montos cuestionados que alcanzarían los 2.600 millones de pesos.

Así las cosas, cabe preguntarse entonces cómo nos vamos degradando institucionalmente para llegar a este punto donde ya nada sorprende ni escandaliza. Hace unos días, en la calle, escuché a una mujer adulta mayor decirle a otra: “Lo que pasa es que uno no debe buscar algo que no se le ha perdido, ese es problema de muchos” . Esa frase sencilla, pero muy sabia, condensa el trasfondo del fenómeno delictual. El corrupto, en esencia, busca lo que no le corresponde, aquello que el trabajo honesto jamás le daría, y lo hace convencido que la ganancia es segura y el castigo es improbable.

La corrupción, a fin de cuentas, tiene dos dimensiones inseparables, a saber, la institucional y la humana. Por esa misma razón es que la respuesta debe ser doble. En el plano normativo y organizacional urge reforzar los sistemas de auditoría, otorgar autonomía real a los órganos de fiscalización, particularmente a la Contraloría General de la República, y aplicar sanciones efectivas cuando se vulnera la probidad. En el plano cultural y social, necesitamos reinstalar la ética en la función pública, de manera que, de una vez por todas, los fondos estatales dejen de verse como botín y vuelvan a entenderse como un elemento conducente al bien común.

Tal vez por eso la frase de la mujer resuene tanto. Porque nos recuerda lo esencial, no debemos buscar lo que no nos pertenece. La probidad no es solo un deber legal, es un principio moral que sirve de base para la construcción de una institucionalidad sana. En tiempos donde la confianza se erosiona fácilmente, recuperar ese principio es, quizás, la tarea más urgente que tenemos por delante.