SMA multa con más de 200 millones de pesos a Ecosolución por emisión de contaminantes
La Superintendencia de Medio Ambiente multó con más de 205 millones de pesos a la empresa incineración de residuos hospitalarios, “Ecosolución” de Paillaco, por la emisión de contaminantes.
De acuerdo a lo informado por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), fue concluido uno de los dos procesos sancionatorios seguidos en contra del proyecto Ecosolución de Paillaco, aplicando diversas multas que superan los 205 millones de pesos.
Se trata de un procedimiento sancionatorio que comenzó el año 2017, en el cual la empresa presentó un Programa de Cumplimiento que fue aprobado, pero posteriormente declarado incumplido, luego que la misma no cumplió las acciones comprometidas. Aquello trajo como consecuencia el reinicio del proceso sancionatorio, dictándose ahora la millonaria multa.
La infracción con la multa más alta aplicada por la SMA está relacionada con el incumplimiento por parte de la empresa de la norma de emisión de incineración y co-incineración por más de cuatro años. Atendido aquello, esa sola infracción alcanza una multa equivalente a 337 Unidades Tributarias Anuales. Además, la SMA aplicó multas respecto de otras tres infracciones relacionadas con la falta de control de temperaturas de combustión y post-combustión, falta de monitoreo de las aguas de lavados, y superación de la Norma Chilena sobre Requisitos de Calidad del Agua para Diferentes Usos.
El proceso sancionatorio se hace cargo también de las constantes denuncias presentadas por la Municipalidad de Paillaco, y la Unión Comunal de la Junta de Vecinos de Paillaco. Actualmente el proyecto está siendo sometido a fiscalizaciones periódicas por parte de la SMA, además de medidas de control y seguridad, en las que se ordenó a la empresa efectuar mediciones de sus gases por un laboratorio autorizado.
Cabe destacar, que si la empresa infractora resuelve pagar la multa mencionada dentro de los cinco días hábiles desde la notificación de la resolución sancionatoria, se le aplica una reducción legal de un 25% del valor total. Aún así, podría apelar administrativa y judicialmente a la sanción aplicada.
