Querella por presunto fraude en fondo del GORE Los Ríos apunta a exjefe de división y funcionaria activa

Un presunto esquema de desvío de fondos públicos del Gobierno Regional (GORE) de Los Ríos fue judicializado con la presentación de una querella criminal ante el Juzgado de Garantía de Valdivia.

La acción legal fue presentada por el abogado Rodrigo Borneck, en representación del exalcalde de Paillaco, Miguel Ángel Carrasco, y apunta a un supuesto mecanismo de fraude en el “Fondo Vida en Comunidad GORE 2025” (8% FNDR). Los principales querellados son Eduardo Javier Fagalde Ampuero, exjefe de la División de Desarrollo Social y Humano del GORE, y Zoila Maura Reyes Sáez, funcionaria evaluadora activa del mismo organismo.

Un esquema reiterado de fraude

Según el texto de la querella, al que tuvo acceso RioenLínea, los hechos configurarían delitos de fraude al Fisco, fraude de subvenciones, cohecho y obstrucción a la investigación.

El documento describe un “esquema reiterado” mediante el cual Fagalde, aprovechando su experiencia y contactos como exfuncionario, habría utilizado empresas propias para adjudicarse fondos públicos, incurriendo en una autocontratación encubierta.

Entre las irregularidades denunciadas se menciona la manipulación de cotizaciones para simular competencia en servicios publicitarios, utilizando las sociedades “Producción y Publicidad Social Rain SpA” y “Gestiones y Logística SpA”, ambas de propiedad del propio Fagalde. La querella sostiene que “esta maniobra de autocontratación les habría permitido facturar por prestaciones inexistentes o simbólicas, como la simple instalación de un pendón”.

Duplicación de beneficiarios

El escrito judicial también denuncia cobros duplicados, señalando que se inflaron listas de beneficiarios para justificar mayores asignaciones. En el proyecto “Visión Indestructible” de la “Asociación Soñadores Indestructibles”, se habrían repetido nombres de pacientes, lo que habría permitido que el Estado pagara dos veces por las mismas atenciones.

Rol de la funcionaria evaluadora

La funcionaria Zoila Reyes Sáez es acusada de haber validado el esquema al omitir sus deberes de control y permitir las maniobras de Fagalde, mientras otros proyectos eran descartados por errores menores. La querella infiere la existencia de un acuerdo ilícito entre ambos: cohecho pasivo por parte de la funcionaria y cohecho activo por parte del particular.

Obstrucción y antecedentes previos

El documento agrega que, al conocerse la investigación de la Fiscalía, Reyes habría sustituido su teléfono y contactado a una dirigenta vecinal para instarla a retirar un recurso que exponía las irregularidades.

Cabe recordar que el medio El Ciudadano ya había denunciado ante la Contraloría General de la República un presunto entramado entre ambos funcionarios vinculado al mismo fondo, solicitando la invalidación de la adjudicación y la instrucción de un sumario administrativo.