Plan Nacional de Búsqueda: La UACh se sumará al proceso a través del Consejo de Rectores
La iniciativa tiene por objetivo esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las personas víctimas de desaparición forzada, de manera sistemática y permanente. A nivel regional, hay en total, 53 víctimas de desaparición forzada, 52 de ellas varones y una mujer.
En la última sesión plenaria del año del Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH), uno de los temas centrales de la sesión fue la exposición del Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero acerca del “Plan Nacional de Búsqueda; Verdad y Justicia”, luego de la cual solicitó apoyo al CRUCH para la puesta en marcha del plan, lo que se aprobó por unanimidad.
De esta forma, la Universidad Austral de Chile, institución integrante del organismo se sumará a la instancia. El Ministro Cordero solicitó al CRUCH designar representantes para el Comité de Seguimiento, que debe velar por el cumplimiento de indicadores asociados a las metas del plan, y para un Comité Académico.
“El Plan Nacional de Búsqueda requiere de un trabajo interdisciplinario muy significativo, desde datos por inteligencia artificial hasta antropología forense, geografía e historia, psicología y medicina forense. Hay una cantidad de disciplinas que son concurrentes y muy relevantes para abordar el desarrollo del plan, pero también para lo que deja en términos de memoria y eso supone un trabajo en temas de archivos de un modo distinto”, comentó el Ministro, quien valoró la acogida del CRUCH.
Recordemos que de acuerdo a los datos de la actualización de la Nómina de víctimas de Desaparición Forzada, calificadas en los Informes de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y otros, la región de Los Ríos presenta en total, 53 víctimas de desaparición forzada, 52 de ellas varones y una mujer.
El Plan Nacional de Búsqueda Verdad y Justicia se centra en tres objetivos fundamentales: primero, esclarecer las circunstancias de desaparición y/o muerte de las víctimas de desaparición forzada, buscando determinar su paradero; segundo, garantizar el acceso a la información y la participación activa de familiares y la sociedad en los procesos de búsqueda de estas víctimas; y tercero, implementar medidas de reparación y garantías de no repetición del crimen de desaparición forzada. Este plan no solo se enfoca en el esclarecimiento de los hechos, sino que también se preocupa por configurar la memoria y la prevención de futuros casos, sin descartar el establecimiento de responsabilidades penales.
El Plan se establece como un instrumento de política pública con una gobernanza permanente y un presupuesto asignado, lo que garantiza su implementación independientemente del gobierno en funciones. Además, se ha desarrollado con la colaboración de diversas partes interesadas, incluyendo familiares de víctimas, sitios de memoria, académicos, organizaciones de la sociedad civil y otros actores relevantes. A pesar de los avances, se reconoce la necesidad de un esfuerzo continuo para obtener un registro más preciso de la cantidad de personas que fueron víctimas directas de la represión.
