Patrimonio: proteger, pero también gestionar

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La protección de nuestro patrimonio cultural constituye un deber irrenunciable del Estado y una responsabilidad que debemos asumir como sociedad. Nuestra legislación reconoce el valor histórico, arqueológico y cultural de los bienes que forman parte de nuestra identidad, estableciendo mecanismos para su protección, conservación y salvaguardia. Se trata de un principio fundamental que no admite relativizaciones: nuestra historia debe ser respetada y protegida.

Sin embargo, junto con asegurar el cumplimiento irrestricto de la normativa patrimonial, existe otra responsabilidad igualmente relevante: garantizar una gestión eficiente, coordinada y oportuna de los procesos de resguardo, rescate, conservación y destino de los hallazgos arqueológicos. Proteger el patrimonio no puede significar simplemente detener una intervención; también implica disponer de las capacidades institucionales necesarias para adoptar decisiones, implementar soluciones y asegurar que esa riqueza cultural sea efectivamente preservada y puesta en valor.

En este contexto, la educación patrimonial adquiere especial relevancia, no solamente aquella que debemos promover desde la infancia, sino también la dirigida a ciudadanos adultos, profesionales, académicos, autoridades y líderes de opinión, de quienes legítimamente esperaríamos una comprensión más profunda de estas materias. La Ley de Monumentos Nacionales no constituye, por sí misma, un impedimento para desarrollar proyectos de infraestructura, por el contrario, establece exigencias que permiten compatibilizar las intervenciones con la protección de nuestra historia y territorio.

En la Región de Los Ríos conocemos experiencias que ilustran la complejidad de estos desafíos, la construcción del Hospital de La Unión, el proyecto del Puente Cochrane, el Museo de Arte Contemporáneo y diversos proyectos habitacionales, pavimentación, edificios públicos, plazas urbanas, etc., han debido enfrentar exigencias patrimoniales que requieren importantes esfuerzos técnicos, administrativos y de coordinación.

Pero debemos ser especialmente cuidadosos al interpretar estas situaciones, el problema no es encontrar vestigios arqueológicos, por el contrario, cada hallazgo constituye una buena noticia, una oportunidad extraordinaria para conocer los orígenes y evolución de las comunidades que habitaron nuestro territorio y así enriquecer nuestra identidad colectiva.

Las dificultades aparecen cuando no existe suficiente anticipación, cuando las instituciones carecen de mecanismos ágiles de coordinación, cuando las decisiones se dilatan o cuando las soluciones técnicas y administrativas no se implementan oportunamente. También cuando falta liderazgo para convocar a los distintos actores, resolver diferencias y conducir procesos que, por su naturaleza, requieren conocimientos especializados y una profunda sensibilidad cultural.

No debemos confundir las legítimas exigencias de protección patrimonial con las eventuales deficiencias de gestión que pueden producirse durante su cumplimiento y la respuesta no puede ser debilitar los estándares de protección, sino fortalecer las capacidades institucionales para aplicarlos adecuadamente.

Por ello, quisiera invitar a las autoridades, académicos y líderes de opinión a abandonar aquellas miradas que estigmatizan o caricaturizan los hallazgos arqueológicos como obstáculos para el desarrollo, nuestro origen, nuestra historia y nuestra evolución constituyen una riqueza invaluable. Conocer nuestro pasado es una oportunidad para comprender el presente y orientar responsablemente nuestro futuro.

Pero esta reflexión debe traducirse en acciones concretas, necesitamos instituciones capaces de ejercer liderazgo, mejorar sus procedimientos, anticipar dificultades y responder oportunamente a los desafíos del rescate patrimonial. Naturalmente, aquello requiere recursos humanos, técnicos y financieros, cuya utilización debe estar acompañada de transparencia, participación ciudadana y rendición efectiva de cuentas.

Destaco una dimensión que considero fundamental: el rescate patrimonial es riqueza, pero también debe generar rentabilidad social y económica, no se trata de reducir el valor de nuestra historia a una expresión monetaria, sino de reconocer que la inversión patrimonial debe producir beneficios concretos para las comunidades, mediante la educación, la investigación, la cultura, el turismo, la identidad y nuevas oportunidades de desarrollo.

Esos resultados deben ser evaluados con indicadores públicos, comprensibles y verificables, no basta con acreditar que los recursos fueron correctamente ejecutados; también debemos conocer qué valor generaron, quiénes se beneficiaron y cómo contribuyeron al bienestar colectivo.

En este desafío, las comunidades deben asumir un papel protagónico, su participación no puede limitarse a recibir información sobre decisiones previamente adoptadas, deben contar con espacios reales para contribuir a la gestión, evaluar resultados y ejercer control.

La experiencia territorial nos enseña que, en muchas oportunidades, las propias comunidades desarrollan formas de organización y gobernanza capaces de responder con mayor pertinencia y oportunidad que estructuras institucionales que requieren una profunda modernización. Reconocer esa capacidad no debilita al Estado; por el contrario, puede fortalecer su legitimidad y mejorar la calidad de sus decisiones.

Ha llegado el momento de revisar no solamente cómo protegemos nuestro patrimonio, sino también cómo lo gestionamos, quiénes participan de las decisiones y qué beneficios concretos estamos generando para nuestra sociedad, porque el verdadero desafío no consiste en elegir entre patrimonio y desarrollo, sino en demostrar que somos capaces de proteger nuestra historia mientras construimos responsablemente nuestro futuro.