Maltratos y agresiones contra funcionarios de salud: un llamado a proteger a quienes nos cuidan

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Nuestro sistema sanitario, ya tensionado, vive una crisis silenciosa: no solo por la saturación y falta de recursos, sino por el aumento alarmante de agresiones hacia quienes trabajan en él.Según una encuesta realizada por el Colegio Médico de Chile durante 2024, el 65,9 % de las y los médicos reportó haber sufrido violencia psicológica en su lugar de trabajo, y un 26,3 % fue víctima de agresiones físicas, en muchos casos por parte de pacientes o sus familiares. Más del 28 % declaró haber sido amenazado o asaltado en su trayecto al trabajo, y un 39,7 % ha presenciado violencia directa entre bandas en sus centros de atención.

Los protocolos existentes resultan claramente insuficientes. Solo el 6 % de quienes han vivido una agresión considera que estos han sido eficaces, y el 95 % señaló no haber recibido apoyo institucional o contención posterior. A esto se suma un clima creciente de desprotección y vulnerabilidad, como lo demostró un hecho ocurrido a inicios de julio en Valdivia, cuando un equipo SAMU fue amedrentado con armas de fuego durante un traslado en ambulancia. Una situación límite que no solo puso en riesgo a quienes asistían, sino también al propio paciente.

Es importante reconocer que la frustración que muchas veces sienten las personas es legítima. Los servicios de urgencia están crónicamente sobrecargados, y no siempre se puede brindar la atención en los tiempos que cada paciente espera o necesita. Las demoras, sumadas al sufrimiento, a la ansiedad o al temor, generan reacciones comprensibles. Pero nada de eso puede justificar la agresión. Los equipos de salud no son responsables de las falencias del sistema. Son, muchas veces, las únicas personas disponibles para ayudar, escuchar o contener en contextos críticos. Agredirlos no mejora la atención. Solo agrava la crisis.

Estas situaciones no solo afectan al personal, sino que dañan el vínculo entre la comunidad y quienes la atienden, erosionando la confianza y deteriorando la calidad de los cuidados. Muchas veces, quienes sufren agresiones son precisamente quienes están en la primera línea: mujeres, técnicos, conductores, enfermeras, médicos de turno. Y en particular, quienes trabajan en la atención primaria de salud, incluyendo a médicas y médicos generales de zona que cumplen funciones fundamentales en los consultorios y otros centros de la región. No podemos seguir normalizando este tipo de violencia.

Enfrentar este fenómeno requiere más que protocolos escritos. Es urgente establecer condiciones de trabajo seguras y dignas, con sistemas de alerta efectivos, resguardo policial cuando corresponda, y acompañamiento psicológico y jurídico para quienes se ven expuestos. Pero también es necesario impulsar un cambio cultural. Recuperar el respeto hacia el trabajo sanitario implica una pedagogía comunitaria que valore a quienes cuidan, escuchen y sostienen, incluso en escenarios difíciles. Este esfuerzo debe ser de todos y para todos. No se trata solo de exigir respeto hacia el personal de salud, sino de reconstruir una relación de respeto mutuo entre comunidad, instituciones y quienes sostienen los espacios de cuidado.

Los centros de salud no pueden transformarse en espacios de riesgo. Cada agresión que se tolera sin consecuencias refuerza la sensación de abandono. Si no actuamos con decisión, podríamos perder no solo a valiosos profesionales, sino también la humanidad que da sentido a todo acto de cuidado. Defender a quienes trabajan en salud no es solo un deber institucional: es un imperativo ético y social.