Licencias médicas y deber profesional: proteger la salud, cuidar la confianza

Una licencia médica no es un simple trámite administrativo. Es parte integral del acto clínico, una decisión que emana del juicio profesional y ético del médico tratante, destinada a garantizar condiciones adecuadas de recuperación, protección de la salud individual y resguardo de terceros, cuando corresponda. Su emisión conlleva responsabilidad, pero también expresa la confianza que la sociedad deposita en nuestra labor.

En regiones como Los Ríos, donde las brechas en acceso a atención, falta de especialistas y sobrecarga del sistema público se hacen evidentes, este instrumento cobra particular relevancia. Emitirlo con rigurosidad clínica y sentido del deber se vuelve aún más imperativo. Cada licencia correctamente indicada no solo protege a una persona enferma, sino que contribuye a la integridad del sistema de seguridad social en su conjunto.

Es urgente mejorar la trazabilidad de las licencias médicas, fortalecer las instancias de control y dotarlas de herramientas tecnológicas modernas. Pero esta tarea no puede llevarse adelante con un enfoque exclusivamente punitivo ni basado en generalizaciones que lesionan la confianza pública. Se requiere, además, una revisión estructural del Subsidio por Incapacidad Laboral (SIL), que permita articular con mayor eficiencia los ámbitos clínico, laboral, previsional y fiscalizador. Esto exige voluntad política, criterios técnicos y participación de los actores involucrados.

Ahora bien, sería un error abordar esta crisis solo desde una lógica de fiscalización. Lo que también se ha hecho visible es la falta de respuestas estructurales a necesidades que subyacen en buena parte de las licencias emitidas: los crecientes problemas de salud mental, condiciones laborales que no siempre resguardan el bienestar de las personas trabajadoras, y la desprotección de quienes ejercen labores de cuidado sin reconocimiento ni apoyo. Estos elementos tensionan al sistema sanitario, pero también interpelan al Estado y a la sociedad en su conjunto a buscar soluciones.

Del mismo modo, como ciudadanía también debemos asumir una cuota de responsabilidad. La licencia médica no es un derecho irrestricto ni una herramienta para sortear obligaciones, sino una medida clínica justificada en función del bienestar y la recuperación. El buen uso de este instrumento requiere una población informada y consciente de que proteger el sistema es tarea de todos. Solo desde esa comprensión compartida podremos sostener la legitimidad de la seguridad social y garantizar su continuidad para quienes realmente la necesitan.

Las médicas y médicos no podemos ser meros observadores. Nos corresponde fortalecer las buenas prácticas, denunciar irregularidades cuando las haya, contribuir a perfeccionar los sistemas de control y, sobre todo, defender el sentido profundo de nuestro quehacer clínico. Ejercer con ética es también cuidar el sistema, proteger a los pacientes y asumir que cada acto profesional tiene impacto público.

Hoy más que nunca, la medicina nos exige algo más que pericia técnica. Nos convoca a ejercer con responsabilidad ética, a sostener el cuidado en contextos adversos y a preservar la confianza de una sociedad que observa, exige y espera. Las transformaciones que se requieren no son menores. Pero tampoco son imposibles. Requieren instituciones que dialoguen, un Estado que escuche, y un cuerpo médico dispuesto a construir futuro con honestidad, compromiso y responsabilidad. Que esta coyuntura no nos divida, sino que nos convoque a un sistema de salud más sólido, más humano y más digno para todos.