Sábado 21 de noviembre de 2026 |
Publicado a las
23:36 | Actualizado a las 23:36
Gobiernos regionales: exigir presupuesto y atribuciones, ofrecer gestión y transparencia
Gobiernos regionales: exigir presupuesto y atribuciones, ofrecer gestión y transparencia
En momentos en que se discute el Presupuesto de la Nación para 2027, los gobiernos regionales enfrentan un escenario complejo, marcado por restricciones fiscales, incertidumbre económica y crecientes demandas ciudadanas. Sin embargo, este contexto también representa una oportunidad para consolidar su papel como actores estratégicos del desarrollo territorial, capaces de articular voluntades, movilizar inversiones y construir acuerdos que trasciendan los ciclos políticos.
Hace algunas semanas planteé una reflexión crítica, pero constructiva: exigir mayores presupuestos para las regiones es legítimo y necesario, pero esa demanda debe estar acompañada de capacidad de gestión. Hoy quisiera profundizar aquella idea, incorporando una segunda condición igualmente indispensable: la transparencia. Ambas deben constituir las premisas fundamentales de una descentralización efectiva.
La verdadera descentralización no puede limitarse a transferir recursos y atribuciones desde el nivel central hacia los gobiernos regionales. Debe alcanzar también a los municipios, donde se expresa con mayor cercanía la relación entre el Estado y las comunidades. Son los gobiernos comunales quienes pueden articular a la sociedad civil organizada, recoger sus demandas, identificar prioridades y transformarlas en iniciativas concretas. Por ello, fortalecer la descentralización supone también fortalecer las capacidades municipales y construir una relación de colaboración permanente entre municipios, gobiernos regionales y organizaciones ciudadanas.
En un escenario de perspectivas poco alentadoras para la inversión pública y privada, la oportunidad, calidad y pertinencia de la inversión regional pueden constituir un importante factor de estabilidad y dinamización económica. No se trata solamente de ejecutar presupuestos, sino de invertir bien, oportunamente y con sentido estratégico. Una cartera de proyectos correctamente priorizada, técnicamente sustentada y articulada con las necesidades territoriales puede generar empleo, mejorar la conectividad, fortalecer los servicios públicos y crear condiciones favorables para nuevas inversiones.
Pero la gestión regional debe ir mucho más allá de administrar fondos. Los gobiernos regionales pueden transformarse en verdaderos motores del desarrollo, articulando ministerios, municipios, empresas, universidades y organizaciones sociales; gestionando nuevas fuentes de financiamiento y contribuyendo a resolver las dificultades que retrasan proyectos estratégicos del Estado. En Los Ríos conocemos iniciativas que enfrentan obstáculos técnicos, administrativos o institucionales durante años, atravesando sucesivos gobiernos sin alcanzar una solución definitiva. La capacidad de coordinación y liderazgo regional puede contribuir decisivamente a superar esas dificultades.
Junto con ello, resulta indispensable profundizar la transparencia sobre el destino de los recursos públicos. ¿En qué se han invertido los fondos provenientes de la Ley Espejo del Transantiago? ¿Cuál ha sido el cumplimiento de los convenios de programación y financiamiento compartido con ministerios como Obras Públicas, Vivienda y Salud? ¿Qué proyectos se han materializado y cuáles permanecen pendientes?.
Especial atención merece el destino de los recursos provenientes del Royalty Minero, política pública impulsada durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric, que ha significado nuevas fuentes de financiamiento para los territorios. En nuestra región resulta necesario conocer con claridad los montos recibidos, sus mecanismos de asignación, los proyectos financiados y sus resultados. La ciudadanía tiene derecho a saber no solamente cuánto se ha gastado, sino también por qué se han priorizado determinadas inversiones y qué beneficios concretos han generado.
La transparencia no debiera entenderse como una obligación meramente administrativa, sino como una herramienta para fortalecer la confianza pública, mejorar las decisiones y asegurar que los recursos regionales respondan efectivamente a las necesidades de sus habitantes. Una gestión eficiente necesita transparencia, y una transparencia efectiva debe permitir evaluar la calidad de la gestión.
Hace más de una década, muchos regionalistas impulsamos con convicción el fortalecimiento de los gobiernos regionales, convencidos de que Chile necesitaba avanzar hacia una descentralización real. Sigo pensando que fue una buena decisión para nuestro país. Pero precisamente porque creemos en ella, debemos ser exigentes con las instituciones que ayudamos a construir.
Hoy, cuando se discuten los recursos para 2027, los gobiernos regionales deben mirar mucho más allá del próximo presupuesto. Su desafío es proyectar el desarrollo de sus territorios con visión de largo plazo, construir acuerdos y demostrar resultados concretos para las comunidades.
Porque la descentralización no se fortalece solamente con mayores presupuestos y atribuciones. Se consolida cuando estos se transforman en oportunidades, inversión y bienestar para las personas. Para ello, insisto, existen dos premisas fundamentales e irrenunciables: gestión y transparencia.







