FENATS acusa represalias tras destitución de funcionaria que denunció bajo Ley Karin en Hospital de Corral

La Federación FENATS Nacional de la Región de Los Ríos manifestó su preocupación por la destitución de una funcionaria del Hospital de Corral que había denunciado a su jefatura por presunto maltrato y acoso laboral, acusando que la medida se adoptó mientras se encontraba vigente su garantía de indemnidad contemplada en la Ley Karin.

Desde la organización señalaron que el caso no solo involucra la situación particular de la trabajadora, sino que plantea cuestionamientos respecto de las garantías que tienen los funcionarios para denunciar situaciones de acoso laboral sin exponerse a eventuales represalias.

Según expuso FENATS, la trabajadora, con años de servicio, presentó la denuncia y posteriormente fue notificada de su destitución. La federación sostiene que la garantía de indemnidad busca evitar que una persona sea sancionada o perjudicada laboralmente como consecuencia de ejercer su derecho a denunciar.

Otro de los antecedentes cuestionados por la organización corresponde a una grabación de una conversación telefónica privada que habría sido obtenida sin consentimiento por un tercero que no participaba de la comunicación y que, según FENATS, habría sido utilizada como antecedente para sustentar la destitución.

Ante ello, la federación solicitó que se revise la legalidad, admisibilidad y valor probatorio de dicha grabación.

FENATS también puso en duda la imparcialidad del procedimiento administrativo. De acuerdo con la organización, el sumario que terminó con la destitución fue tramitado por la Dirección del Servicio de Salud Los Ríos, mientras la persona denunciada por presunto acoso se desempeñaba como director subrogante del mismo organismo.

La federación sostiene que esta situación podría generar dudas respecto de la independencia del procedimiento y plantea que su revisión debería quedar radicada fuera del servicio donde la persona denunciada ejercía funciones de autoridad.

A esto se suman, según FENATS, antecedentes que deberían ser investigados, entre ellos presuntas irregularidades en la asignación de grados y cambios de estamento sin concurso que involucrarían a personas que declararon en el sumario. La organización también afirmó que existirían antecedentes previos de denuncias de acoso contra la misma jefatura que habrían sido calificadas como enfermedad profesional por la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO).

FENATS recalcó que estos antecedentes son planteados como situaciones que requieren investigación y no como hechos concluidos, por lo que pidió que sean revisados de manera independiente y con apego a la normativa vigente.

Entre sus principales solicitudes, la organización pidió a la Contraloría General de la República revisar íntegramente la legalidad de la destitución y los antecedentes que la sustentan. También exigió el respeto efectivo de la garantía de indemnidad de la Ley Karin, la revisión independiente del procedimiento y la investigación de las presuntas irregularidades administrativas.

Asimismo, solicitó medidas de protección para quienes denuncian situaciones de acoso y para los funcionarios que participan como testigos, con el objetivo de evitar eventuales represalias.

Desde FENATS sostuvieron que el caso representa un precedente para los trabajadores del sistema de salud y enfatizaron que el derecho a denunciar situaciones de acoso laboral debe ejercerse sin temor a perder el puesto de trabajo.

La federación llamó al Servicio de Salud Los Ríos, al Ministerio de Salud y a los organismos competentes a abordar los antecedentes con urgencia, transparencia e independencia, defendiendo el debido proceso y el derecho de los funcionarios a desempeñarse en espacios laborales libres de acoso y violencia.