Estallido social: Fiscalía evalúa formalizaciones contra Agentes del Estado por violaciones a los DDHH en Los Ríos

La Fiscalía informó que evalúa futuras formalizaciones contra Agentes del Estado por las distintas violaciones a los derechos humanos, producidas durante el periodo del estallido social en Los Ríos.

A casi un año del inicio del estallido social en Chile, la Fiscalía informó las diferentes cifras que maneja en relación a las causas que se desarrollaron durante ese periodo. Así, y en cuanto a delitos, el vocero de la Fiscalía Regional de Los Ríos, Eric Aguayo, informó que se formalizó investigación contra 212 imputados principalmente por los delitos de hurto y robos bajo la modalidad de saqueos que afectaron a locales comerciales y dependencias de servicios públicos e instituciones particulares, y en algunos casos también por otro tipo de delitos como daños, incendio, desórdenes públicos y receptación.

En los hechos más graves, los tribunales decretaron en su momento la prisión preventiva de 20 imputados. Actualmente hay 79 personas ya condenadas por estos casos y existen acusaciones presentadas contra al menos 70 imputados, en tanto que hay otras causas que continúan en etapa de investigación.

Cabe destacar que en una parte importante de estos hechos las detenciones no fueron efectuadas en flagrancia, sino que la identificación y posterior detención de los imputados se debió al trabajo de investigación efectuado por la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía en conjunto con la BIRO y Bicrim de la PDI, que incluyó una exhaustiva labor de análisis de cientos de horas de grabaciones de cámaras de seguridad, análisis de redes sociales, toma de declaraciones y reconocimientos fotográficos.

En tanto, la Fiscalía ha recepcionado a la fecha las denuncias de 227 víctimas, que se investigan en 206 causas.

De esas 227 víctimas, 156 son hombres, 71 son mujeres y el 60% corresponde a jóvenes entre 17 y 26 años.

En el marco de estas investigaciones se han tomado 165 declaraciones, las que se encuentran grabadas, y los casos restantes corresponden a víctimas que han sido citadas y no han comparecido a prestar declaración.

• Retraso de diligencias

Además de la complejidad propia de estas investigaciones, la situación actual de pandemia ha implicado un retraso de las diligencias que debe realizar la PDI y también la suspensión de horas de atención en el Servicio Médico Legal, lo que no ha permitido avanzar en la resolución de todos los casos.

“Sin embargo, existe un grupo de causas que están avanzadas y en las que se están evaluando futuras formalizaciones”, dijo Aguayo.

“Para estos efectos, ha existido una fluida y permanente coordinación con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, tanto en las diligencias solicitadas como disponiendo de una oficina a efectos de que presencialmente puedan acceder a las carpetas investigativas”, agregó.

Respecto a los delitos denominados violencia institucional, el vocero explicó que se trata de ilícitos que tienen una especial complejidad en la investigación. “A ello debemos sumar la situación actual de pandemia que afecta nuestro país, y que sin duda ha implicado un retraso en las diligencias que debe realizar la PDI”, concluyó el vocero.