El derecho al consumo sostenible: Más allá del «marketing verde»

Las opiniones vertidas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de su autor y no representan necesariamente el pensamiento o línea editorial de RioenLinea.

Vivir en la Región de Los Ríos nos otorga una sensibilidad especial. Aquí, la naturaleza no es un paisaje de postal, es nuestro entorno cotidiano. Por eso, no es extraño que hablemos de «consumo sostenible» como una meta deseable. Sin embargo, hay una verdad incómoda que los datos recientes del SERNAC han puesto sobre la mesa: en Chile, querer ser un consumidor consciente es, muchas veces, una carrera de obstáculos.

A menudo se nos dice que la sostenibilidad consiste en «hacer más con menos». Es una frase amable, inspirada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, que nos invita a cuidar el agua o gestionar mejor nuestra basura. Pero aquí está el detalle que cambia las reglas del juego: consumir de forma sostenible no es solo una buena intención; es un derecho legal.

La Circular Interpretativa del SERNAC de 2025 aclara que las empresas tienen hoy una obligación mayor. Ya no basta con decir que un producto es «eco-friendly». Ahora, el consumo sostenible es un principio rector que exige información veraz sobre la vida útil de lo que compramos. Tenemos el derecho a saber cuánto va a durar esa estufa o ese electrodoméstico antes de que se convierta en chatarra. Tenemos el derecho a combatir la obsolescencia programada.

Sin embargo, los números del estudio «Patrones de Consumo Sustentable 2025» son reveladores y preocupantes. Aunque el 90% de los chilenos declara que el impacto ambiental influye en su compra, solo el 14% siente que tiene información clara para decidir. ¿El problema? El famoso greenwashing o lavado de imagen verde. La información que recibimos suele ser confusa, técnica o derechamente engañosa.

Esto no es solo un problema ecológico, es una vulneración de derechos -a la libre elección y a la información veraz y oportuna-, que profundiza la desigualdad. No puede ser que la sostenibilidad se perciba como un privilegio de élite, accesible solo para quienes tienen el tiempo o la formación para descifrar etiquetas complejas. El acceso a productos duraderos, saludables y de bajo impacto debe ser un estándar para todos los ciudadanos, no un nicho de mercado costoso.

Cuando el 68% de las personas desconfía de las etiquetas ambientales, el sistema falla. Esa desconfianza castiga a los emprendedores locales y a las empresas que sí están haciendo un esfuerzo real por ser responsables.

Los organismos del Estado y las organizaciones de la sociedad civil que promovemos el ejercicio de los derechos y deberes de las y los consumidores, debemos fortalecer y diversificar las iniciativas para comunicar que estas barreras de información son infracciones sancionables. Es un paso necesario para que la sostenibilidad deje de ser una frase bonita en un comercial y se convierta en una herramienta de protección para nuestra calidad de vida y nuestro patrimonio regional. Al final del día, elegir lo duradero y lo sano no es una moda: es un derecho que debemos empezar a ejercer.