Contratistas forestales interpusieron recurso contra Intendente Asenjo y Gobernadora Gatica por atentados incendiarios
La Asociación de Contratistas Forestales (ACOFORAG) y otras 43 empresarios del rubro interpusieron un recurso de protección en contra del Intendente César Asenjo y la Gobernadora María José Gatica, por atentados incendiarios en la Región de Los Ríos.
Los contratistas forestales presentaron un recurso de protección contra ambas autoridades de la Región de Los Ríos ante la Corte de Apelaciones de Valdivia por los atentados incendiarios que han afectado a empresas del rubro y ante la “amenaza” que –aducen- mantienen por la supuesta falta de medidas de seguridad.
Argumentan en el recurso que “se ha practicado de manera permanente, por personas, grupos o pandillas, violencia e intimidación a las personas y la destrucción y/o quema, total o parcial de bienes que se encuentren en los lugares afectados”, acompañando una serie de cifras y proyecciones de eventuales hechos de violencia en las zonas forestales de la región, como la comuna de Lanco.
Al respecto, el Intendente César Asenjo, dijo que la tasa de estos hechos de violencia rural son menores durante este años, al igual que en la comparativa con regiones como La Araucanía y el Biobío, aseverando que se han dispuesto medidas de seguridad y coordinación con las policías para evitar los ataques incendiarios en Los Ríos.
Asenjo, aclaró que durante este año en la provincia de Valdivia han ocurrido tres hechos de violencia rural, uno de ellos en faenas forestales en la comuna de Lanco, ocurrido el 1 de enero.
Los contratistas forestales, acusan a las autoridades de Gobierno de omitir la realización de acciones frente a este tipo de acciones que –especifican- “privan, perturban y amenazan seriamente a la vida e integridad física y psíquica de las personas, además de la propiedad que se detenta sobre los bienes en ciertas comunas de la región y particularmente respecto de todos los trabajadores del sector forestal de la región”.
En la acción judicial, solicitan –entre otras cosas- que el Tribunal de Alzada orden la adopción de medidas de prevención y protección; llevar un registro de todos los atentados incendiarios al sector forestal de la región; registrar a las empresas del rubro que eventualmente requieran de medidas de seguridad preventivas; mantener un protocolo o planificación estratégica; formar una mesa de trabajo; ampliar la dotación de Carabineros; y protocolo de acción frente a un nuevo hecho de violencia.
La Corte de Apelaciones de Valdivia declaró admisible el recurso y solicitó a ambas autoridades que emitan un informe al respecto.
