Contraloría ordena sumario a Mejor Niñez de Los Ríos por irregularidades en residencia de Valdivia

La Contraloría Regional de Los Ríos ha ordenado al Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez) iniciar un sumario administrativo, tras descubrir serias irregularidades en la supervisión de la Residencia Llacolén, a cargo de la Fundación Niño y Patria en Valdivia.

La investigación especial, que analizó el funcionamiento del hogar entre febrero de 2022 y octubre de 2024, reveló fallas críticas que ponen en riesgo la seguridad y el bienestar de los 12 menores de entre 10 y 16 años que atiende el recinto ubicado en Donald Canter s/n, al interior de la Escuela de Formación de Carabineros de Valdivia.

El informe de la Contraloría, al cual RioenLinea tuvo acceso, detalla una serie de incumplimientos tanto por parte de la fundación como del servicio estatal. Uno de los hallazgos más preocupantes es que la residencia funcionaba sin contar con las autorizaciones básicas para instalaciones de agua potable, desagüe, gas y electricidad, lo que podría comprometer la integridad física de los residentes.

“El inmueble en el cual se desarrolla el proyecto no se encuentra en las condiciones adecuadas de higiene, seguridad e infraestructura que permitan el bienestar de los NNA. Proyecto mantiene una desactualización significativa de la plataforma SIS y ausencia de información en las carpetas. Colaborador no cumple con las normas o instrucciones impartidas por el Servicio”, esas son algunas de las irregularidades que releva el informe, tras una fiscalización realizada el 2022.

En las carpetas de vida de los niños no se encontraron documentos esenciales como los informes de avance trimestrales que deben ser enviados a los Tribunales de Familia, ni los Informes de Evaluación Integral y Planes de Intervención Individual, instrumentos clave para guiar el proceso terapéutico de los menores.

• Incumplimiento de órdenes judiciales y baja asistencia escolar

La investigación también reveló que entre 2023 y 2024, el Tribunal de Familia de Valdivia emitió al menos 12 órdenes a la Fundación Niño y Patria para solucionar diversas necesidades de los menores. Sin embargo, estas órdenes no fueron atendidas a tiempo, y el Servicio Nacional de Protección Especializada no supervisó ni objetó dicho incumplimiento.

Las irregularidades se extienden al ámbito educativo, ya que la Contraloría constató que en diciembre de 2024, siete de los once menores de la residencia tenían una baja asistencia escolar, con porcentajes que iban desde el 0% al 77%. En el caso de otro menor, la SEREMI de Educación no tenía información actualizada sobre su vinculación a un establecimiento, en ese caso el servicio no había tomado medidas oportunas para corregir esta situación.

En ese contexto, el mismo informe, expone que “los hechos observados, demuestran una falta de control y supervisión de parte del servicio fiscalizado al cumplimiento de parte de la Fundación Niño y Patria, a lo dispuesto en la cláusula sexta, numeral 3 de los referidos convenios de colaboración, respecto a que a través del director de la residencia se debe asumir el cuidado personal, la educación, cultura y recreación del NNA”.

Otro punto crítico es la duración de las estadías, se detectó que 10 de los 12 menores llevaban en el programa entre 25 y 32 meses, superando el plazo óptimo de 24 meses de intervención, sin que Mejor Niñez interviniera para abordar esta situación.

• Terapia interrumpida por ausencias del personal

El informe de la Contraloría evidenció una grave interrupción en la atención terapéutica de los menores, puesto que, constató que tres trabajadores encargados de las labores terapéuticas se ausentaron por un total de 134 días debido a licencias médicas entre enero y octubre de 2024.

“Durante el periodo comprendido entre los meses de enero a octubre de 2024, se ausentaron en total 134 días con motivo de licencias médicas, sin que existan evidencias de que se haya contado con personal de reemplazo, lo que implicaría que los NNA durante ese tiempo no accedieron a las actividades de reparación pertinentes”, argumenta el mencionado informe.

• Subvenciones estatales se destinan casi por completo a sueldos

La Contraloría también analizó la situación financiera del programa, en ese caso determinó que, en octubre de 2024, los ingresos por subvención estatal para la residencia fueron de $14.316.600, mientras que los gastos en remuneraciones alcanzaron los $15.418.644, arrojando una diferencia negativa de $1.102.044.

Esta situación, según el análisis, demuestra que la totalidad de los aportes estatales se utiliza para financiar los gastos de personal, sin que se evidencie una correcta inversión en la atención de los menores. El informe concluye que esta gestión no se ajusta a lo establecido en la normativa vigente, que busca asegurar el bienestar biopsicosocial, la efectividad de los derechos y la calidad de la intervención para los niños y niñas.

“De las cifras señaladas, es posible observar que la totalidad de los aportes estatales entregados se utilizan para financiar los gastos en personal, situación que queda en evidencia en la totalidad de las rendiciones de cuentas presentadas por ese organismo colaborador durante esa misma anualidad”, se detalla en el informe.

Al ser consultados por este medio, desde Mejor Niñez de Los Ríos, su directora Carolina Lillo, aseguró que apenas se detectaron las observaciones en la residencia, se activaron fiscalizaciones de urgencias.

Finalmente, Lillo afirmó que “además, se renovó el equipo técnico y se resolvió el cambio de la dirección del centro residencial. Paralelamente y con el fin de esclarecer responsabilidades, se instruyó un sumario administrativo. El bienestar de los niños, niñas y adolescentes de la red de protección constituye una prioridad para nuestra institución, por lo que se adoptarán todas las medidas con la mayor celeridad posible para garantizar su seguridad e integridad”.