Diputado Fernández acusa negacionismo y arremete contra el Partido Republicano en discusión del Presupuesto de Justicia

El parlamentario del Frente Amplio por Los Ríos cuestionó los dichos de una diputada republicana sobre los derechos humanos y calificó el episodio como una “ofensa directa a Chile”. Además, anunció que no estaba dispuesto a aprobar la partida de Justicia tras el enfrentamiento registrado en la sala.

Un tenso episodio se registró en la Cámara de Diputadas y Diputados durante la discusión de la partida del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos del Presupuesto 2027, instancia que estuvo marcada por un enfrentamiento entre parlamentarias a propósito de los derechos humanos y las violaciones cometidas durante la dictadura.

La controversia comenzó luego de que la diputada Javiera Rodríguez (Partido Republicano) cuestionara lo que calificó como un “monopolio de la indignación” en materia de derechos humanos, acusando a algunos sectores de utilizar las víctimas con fines políticos. En su intervención, también se refirió a las organizaciones de derechos humanos como una “empresa” y habló de “empresarios del dolor ajeno”.

En su discurso, la parlamentaria se refirió a las organizaciones y sectores que defienden los derechos humanos como una “gran empresa llamada Derechos Humanos Company” y acusó que existe una defensa selectiva de las víctimas, dependiendo de la conveniencia política.

“Es bien fácil defender los derechos humanos cuando es funcional a tu relato político, por eso son empresarios del dolor ajeno”, afirmó Rodríguez, quien además respaldó el presupuesto presentado por el Gobierno.

Sus declaraciones provocaron la reacción de la diputada Pizarro (Partido Comunista), quien recordó que es hija de un detenido desaparecido y cuestionó el tono del discurso. “Yo sigo buscando a mi padre, entonces solo pido que ciertos discursos no se permitan”, manifestó, calificando los dichos como negacionistas.

El intercambio escaló con gritos entre distintos sectores de la sala, obligando a la presidenta de la Cámara a suspender momentáneamente la sesión hasta que, según señaló, se recuperara la cordura.

Fue en medio de ese escenario que intervino el diputado por Los Ríos Matías Fernández (Frente Amplio), quien manifestó que no estaban las condiciones para continuar con el debate y recordó otros episodios que, a su juicio, habían marcado la gestión del actual Gobierno en materia de derechos humanos.

“Yo pensé que el Presidente había llegado hasta el límite cuando no realizó el acto de conmemoración para el 11 de septiembre. Yo pensé que esto había sobrepasado cualquier límite cuando el ministro Rabat anuncia estas volteretas con respecto a lo que pasó con las rebajas de condenas”, sostuvo.

Fernández sostuvo que la discusión debía abordar materias como el Plan Nacional de Búsqueda, pero acusó que los dichos de Rodríguez representaban un retroceso respecto de los consensos construidos durante las últimas décadas. «Tenemos una diputada que rompió lo que costó construir por más de 30 años”, dijo, agregando que la intervención significaba burlarse de la memoria de las personas que murieron durante la dictadura.

En ese contexto, el diputado anunció que no estaba dispuesto a respaldar la partida presupuestaria de Justicia y agregó: “Qué bueno que no la censuren finalmente a la diputada, porque así dan la cara de lo que realmente son: negacionistas, cómplices de la dictadura, cómplices del fascismo y cómplices de los muertos y muertas que todavía no aparecen en Chile”, expresó.

El parlamentario cerró su intervención con un duro emplazamiento a los sectores aludidos: “Eso es lo que son, váyanse a la cresta”.

• Presupuesto de Justicia

Pese a la controversia, la partida del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos fue aprobada por 85 votos a favor y 59 en contra.

Entre los principales puntos incorporados durante la discusión se encuentran nuevas obligaciones de información para la Subsecretaría de Justicia respecto de las solicitudes de rebaja de condenas, indultos particulares, libertad condicional y permisos de salida.

Asimismo, se estableció que la cartera deberá informar sobre los resultados de la revisión de los beneficios de reducción de condenas concedidos desde el inicio de la actual administración, detallando eventuales irregularidades y las acciones administrativas o judiciales adoptadas.

También se incorporó un reporte trimestral sobre solicitudes de rebaja de condenas presentadas por personas condenadas por crímenes de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos.