Parlamentarios oficialistas de Los Ríos presionan salida de Rabat tras rebajas de condenas por delitos sexuales

La Senadora María José Gatica (RN) sostuvo que esperaba que el secretario de Estado asumiera el costo político de la rebaja de condenas a sentenciados por delitos sexuales contra menores, mientras que el Diputado Omar Sabat (UDI) afirmó que su permanencia está perjudicando al Gobierno.

Parlamentarios del oficialismo de la Región de Los Ríos cuestionaron la continuidad del ministro de Justicia, Fernando Rabat, tras la polémica por los decretos que firmó y que permitieron rebajar las condenas de personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños y adolescentes.

La Senadora de Renovación Nacional (RN), María José Gatica, planteó que esperaba que el secretario de Estado asumiera el costo político de la decisión y dejara su cargo. En tanto, el diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Omar Sabat, sostuvo que el ministro debe abandonar el Gobierno, argumentando que su permanencia está perjudicando a la administración del Presidente José Antonio Kast.

En declaraciones a Tele13 Radio, Gatica respaldó la decisión del Mandatario de mantener a Rabat en el cargo, pero cuestionó la respuesta política del Gobierno frente a la controversia.

“Yo, por lo menos, esperaba que el ministro de Justicia asumiera el costo político, diera un paso al costado y, de esta manera, también poder asumir una responsabilidad que hoy día considero que no corresponde que la asuma el Presidente en un 100%”, afirmó.

La parlamentaria también criticó las declaraciones de autoridades de Gobierno que defendieron la legalidad del procedimiento, explicando que se ha dejado de lado el criterio político y el impacto de la medida en las víctimas. Asimismo, apuntó a una falta de coordinación y control en la toma de decisiones ministeriales.

Por su parte, el diputado Omar Sabat fue más categórico respecto de la continuidad del titular de Justicia y aseguró que su permanencia está afectando al Ejecutivo.

“Creo que el ministro Rabat tiene que dar un paso al costado, está perjudicando al Gobierno en general y nosotros como parlamentarios ya no tenemos mucho que ver al respecto, solo marcar posiciones”, dijo.

El legislador calificó la decisión como un “error garrafal” y manifestó su preocupación por los riesgos asociados a la reducción de condenas de personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores.

“Hay niños y jóvenes involucrados que hay que proteger y cuando hay un pedófilo o un violador a ellos hay que secarlos en la cárcel, no sacarlos a través de algún decreto o documento que fue firmado y que, en definitiva, lo único que hacen es que salgan libres y con altos riesgos de reincidencia”, sostuvo.

La controversia se originó tras conocerse que el Ministerio de Justicia concedió rebajas de condenas a 56 personas sentenciadas por abusos sexuales y violaciones contra niños y adolescentes, además de otras tres personas condenadas por delitos distintos, entre ellas al menos dos que cumplían penas por crímenes cometidos durante la dictadura.

El Ministro Fernando Rabat ha defendido que actuó conforme a la Constitución y la ley, y ha descartado renunciar a su cargo. Sin embargo, también reconoció que en el proceso faltó una mirada política, considerando el impacto de las decisiones adoptadas.

El caso ha generado cuestionamientos dentro del oficialismo y la oposición, en medio del debate sobre los criterios aplicados para conceder estos beneficios y sus consecuencias para las víctimas. Desde la oposición, además, se evalúa una acusación constitucional contra el secretario de Estado.