Valdivia: Madre e hijo son condenados por arsenal ilegal y amenazas contra un fiscal

El Juzgado de Garantía de Valdivia condenó a Oriana Paola Segovia Casas y a su hijo, Víctor Daniel Ortega Segovia, a penas de cumplimiento efectivo por diversos delitos vinculados a la Ley de Control de Armas, además de amenazas contra un fiscal del Ministerio Público.

En un procedimiento abreviado, el magistrado Fabián Duffau García sentenció a Segovia Casas a 41 días de presidio efectivo como autora del delito consumado de amenazas contra un fiscal en el ejercicio de sus funciones. Además, tanto ella como su hijo fueron condenados a 3 años y un día de reclusión efectiva por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego prohibidas.

A ello se suman tres penas de 541 días de presidio para cada uno por los delitos de tenencia ilegal de partes o piezas de armas de fuego, tenencia de un arma adaptable o transformable para el disparo y tenencia de explosivos y otros artefactos de uso industrial o minero que requieren autorización.

Asimismo, ambos recibieron dos condenas adicionales de 61 días de presidio por tenencia ilegal de municiones y de sustancias químicas destinadas a la fabricación de explosivos.

El tribunal también decretó para los condenados las penas accesorias de inhabilitación para ejercer cargos u oficios públicos y, una vez ejecutoriada la sentencia, ordenó la toma de muestras biológicas para incorporar sus huellas genéticas al Registro Nacional de ADN de Condenados.

• Amenazas contra un fiscal

Según estableció el tribunal, el 8 de octubre de 2025, en el contexto de una manifestación por la desaparición de la comunera Julia Chuñil, Oriana Segovia instaló en la vía pública afiches con la fotografía y el nombre del fiscal adjunto Jaime Caifil Cárdenas acompañados de la frase “Se busca vivo o muerto”, además de otras leyendas que, a juicio del tribunal, constituyeron amenazas dirigidas al persecutor mientras ejercía sus funciones.

• Hallazgo de armas y explosivos

El segundo hecho ocurrió el 30 de octubre de 2025, cuando detectives de la Policía de Investigaciones realizaron un allanamiento en un domicilio del sector Los Molinos Alto, en Valdivia.

Durante el procedimiento, los funcionarios encontraron en poder de los condenados dos armas de fuego de fabricación artesanal, un revólver, una pistola a fogueo, cartuchos de escopeta, municiones de distintos calibres, tres cargadores de pistolas, cordones unidos a tubos metálicos, pólvora, una granada de humo de origen industrial y otros elementos prohibidos por la Ley de Control de Armas y Explosivos.

Con estos antecedentes, el tribunal dio por acreditados los hechos más allá de toda duda razonable y dictó las respectivas condenas de cumplimiento efectivo para ambos acusados.