Separación de los poderes del Estado

Lo primero que se enseña en una asignatura de Formación Ciudadana, que antiguamente se denominaba Educación Cívica es sobre la separación y autonomía de los tres poderes del Estado. Esto constituye uno de los pilares fundamentales de una República democrática. No se trata de una fórmula abstracta ni de un principio meramente declarativo, sino de una garantía concreta para resguardar el Estado de Derecho, evitar abusos de poder y asegurar que las decisiones se adopten conforme a la ley y no a presiones políticas o mediáticas.

Los casos que hemos visto durante la semana que recién pasó como el de Julia Chuñil y la absolución de Claudio Crespo han vuelto a poner este principio en el centro del debate. En ambos casos, se ha evidenciado una tensión recurrente en las sociedades posmodernas, sociedades líquidas según Zygmut Bauman,  la tentación o más que la tentación, la mediatización, en este caso de temáticas judiciales. Se adelantan juicios, se emiten veredictos sin conocimiento profundo de la causa y se condena sin que las investigaciones y los peritajes policiales hayan concluido.  La opinología toma el control del debate.

El caso de Julia Chuñil es ilustrativo. Ante hechos graves que deben ser esclarecidos, corresponde exclusivamente al Poder Judicial investigar, ponderar las pruebas y resolver conforme a la legislación vigente. Cualquier pronunciamiento anticipado desde otros poderes no solo debilita la institucionalidad, sino que vulnera garantías básicas como la presunción de inocencia y el debido proceso. La justicia no puede operar bajo la lógica de la presión pública o del clamor político, sino bajo reglas claras y procedimientos establecidos.

La misma lógica se aplica al caso de la absolución de Claudio Crespo. Que una decisión judicial resulte impopular o genere controversia no habilita a otros poderes a deslegitimarla o cuestionarla fuera de los canales institucionales. En una democracia madura, las sentencias se respetan, aun cuando no satisfagan todas las expectativas sociales o políticas. La crítica es legítima, pero debe expresarse en el marco del respeto a la autonomía judicial.

En una democracia, mientras los procesos estén en curso, ningún otro poder del Estado, en este caso,  Ejecutivo y Legislativo, puede ni debe intervenir mediante opiniones que condicionen, directa o indirectamente, el actuar de las instituciones y por sobre todo que puedan generar la polarización de la comunidad.

Defender la separación de los poderes del Estado no es defender a personas ni a fallos específicos, es defender un sistema que protege a la ciudadanía frente al arbitrariedad. Cuando cada poder actúa dentro de sus atribuciones, la democracia se fortalece. Cuando esas fronteras se difuminan y se traspasan, lo que se pone en riesgo no es un caso particular, sino la confianza en las instituciones y, con ello, la existencia del Estado de Derecho.