Comunidades acusan “omisión” municipal tras anulación de ordenanza que protegía humedales rurales en Panguipulli

La anulación de la Ordenanza Local N° 1/2023 que protegía nueve humedales rurales de Panguipulli por parte del Tercer Tribunal Ambiental, ha generado un fuerte rechazo de comunidades Mapuche, organizaciones socioambientales y vecinos de la comuna.

A través de un comunicado público, los grupos no solo lamentaron la pérdida de la herramienta legal, sino que apuntaron directamente a la gestión del Alcalde Rodrigo Valdivia Orías y la municipalidad, acusando una “grave omisión institucional” en la defensa de los ecosistemas.

El Tribunal Ambiental resolvió anular la ordenanza en su totalidad, argumentando que la Municipalidad de Panguipulli excedió sus competencias legales al crear la figura de “humedal rural” sin la potestad que la Ley N° 19.300 confiere al Ministerio del Medio Ambiente, todo aquello en la administración del exalcalde Pedro Burgos.

Sin embargo, el foco del comunicado comunitario se centró en los errores administrativos y procesales de la defensa municipal.

Desde las comunidades, argumentaron que el tribunal declaró que la municipalidad incurrió en “silencio administrativo negativo” por no responder una solicitud de invalidación previa dentro del plazo legal, lo que, según los denunciantes, evidencia un incumplimiento de obligaciones y una falta de transparencia.

Las organizaciones manifestaron “profunda preocupación” por la ausencia del abogado municipal, en la audiencia de la causa. Los grupos califican el hecho como una “falta grave y un eventual abandono de deberes”, y cuestionan que el funcionario seguiría con remuneración vigente a pesar de que el Alcalde habría señalado su desvinculación.

“Este fallo evidencia una grave omisión institucional, que no solo incumple las obligaciones administrativas, sino que también afecta compromisos públicos adquiridos por la propia Municipalidad en mayo de 2025, donde se señaló expresamente la voluntad de proteger los 12 humedales de la comuna, avanzar en instrumentos normativos participativos y actuar con transparencia ante las comunidades”, expresaron a través del comunicado.

• Exigencias de las comunidades

Bajo el argumento de que la ordenanza nació de un “proceso colectivo” y “supera cualquier ciclo de gobierno”, los firmantes, entre ellos la Mesa de Humedales y Comunidades Mapuche, formularon una lista de siete exigencias formales a las autoridades.

Exigen que el alcalde emita un pronunciamiento oficial que explique la anulación, asuma la responsabilidad institucional por el silencio administrativo y aclare las medidas tomadas respecto a la ausencia del abogado. Además, solicitan información clara sobre si el municipio interpondrá un recurso de casación ante la Corte Suprema, detallando plazos y fundamentos legales.

Demandan un plan para cumplir el compromiso de proteger los humedales a través de nuevos instrumentos que “realmente cumplan la ley” y respeten los principios ambientales, garantizando la participación comunitaria.

Piden la instauración de una mesa de trabajo que asegure la coordinación entre el equipo jurídico, el Departamento de Medio Ambiente y las autoridades, y exigen que la Mesa de Humedales cuente con una línea de trabajo directa con el alcalde.

Finalmente, piden el pronunciamiento y la “participación activa” de la Seremi de Medio Ambiente para que “contribuya jurídicamente y técnicamente” a la defensa o creación de una herramienta de protección.

Las comunidades esperan una respuesta formal y pública a la brevedad, enfatizando que la protección del territorio, es un acto de reconocimiento a la historia y un deber institucional para las generaciones futuras.